Airbnb ofrece a Colau acabar con los hoteles encubiertos

Como si de una telenovela se tratase, las tensiones entre Airbnb y el Ayuntamiento de Barcelona avanzan a trompicones. Al culebrón todavía parecen restarle varias temporadas, pero los últimos capítulos toman tintes decisivos en las relaciones entre ambos. Primero el consistorio alcanzaba un acuerdo con el resto de compañías de alquiler turístico para eliminar los pisos sin licencia y ahora es la tecnológica la que desvela una propuesta para acabar con los hoteles encubiertos en su plataforma.

Lo explica a Cerodosbé el director general de la empresa en España y Portugal, Arnaldo Muñoz, desde las recién estrenadas oficinas en Barcelona, al más puro estilo Silicon Valley. “Hemos propuesto eliminar a aquellos malos actores, los que utilizan una vivienda no habitual como un piso de uso turístico y que carecen del permiso”, explica el ejecutivo. “Cuando la administración detectara un comportamiento negativo y nos lo notificara, quedaría fuera del sistema rápidamente”, desgrana.

A cambio, la compañía solicita que el equipo liderado por la alcaldesa Ada Colau reconozca la figura del homesharer, que alquila su lugar de residencia habitual, ya sea por habitaciones o cuando la abandona. El problema, responden desde el consistorio, es que la ciudad carece de las competencias para realizarlo, pues estas recaen en la Generalitat de Catalunya.

No obstante, Airbnb lamenta que la localidad cuenta con mecanismos para dar seguridad jurídica al anfitrión amateur. Exigen protección. “Tienen la potestad de decidir a quien se inspecciona y a quien no”, ejemplifica Muñoz. “Los controles sólo se realizan a las viviendas alquiladas completamente”, defiende la administración. “Es absolutamente falso, tenemos pruebas de sanciones impuestas a gente que ha alojado a viajeros en una habitación”, replica el ejecutivo.

El cruce de acusaciones se ha elevado en ocasiones a algo más que palabra. De hecho, sobre la tecnológica pende una sanción de 600.000 euros que ha sido recurrida, igual que el resto de multas impuestas por la Generalitat. Y los recursos parece que empiezan a darle la razón.

«Cuando se trata la economía entre particulares, los ciudadanos deben cumplir la ley, la empresa debe dar seguridad a las transferencias económicas y del producto y la administración es responsable de generar un marco regulatorio que proteja y regule el consumo», expone Muñoz.

En Cataluña, la ley parece ir para largo. Por tercera vez, el territorio ha aplazado la aprobación del decreto del reglamento de turismo que debe dar amparo al homesharing. La nueva fecha, los meses de septiembre y octubre. «Unas elecciones en otoño como se viene apuntando en las últimas semanas podrían hacernos perder el tren de nuevo», teme. Para evitarlo, la empresa ejerce como lobby ante las consejerías de Oriol Junqueras (economía) y Jordi Baiget (empresa y turismo).

Sin el texto, el consistorio barcelonés tiene el argumento para aglutinar a todos los anfitriones de Airbnb en el saco de los profesionales. De momento, sin licencia no hay alquiler válido, un aro por el que han pasado firmas como Booking, Homeaway, Rentalia y Tripadvisor y que se niega a cruzar Muñoz. “Esta no es nuestra esencia”, señala.

Se antoja complicado replicar el restrictivo acuerdo que la puntocom ha suscrito en San Francisco: un alojamiento por usuario y durante un máximo de 30 días. «Cada ciudad es diferente, no existe un convenio marco», distingue y enumera los distintos modelos de Ámsterdam, Londres, Lisboa y Nueva York. «Eso sí, el matiz más importante es que San Francisco reconoce la figura del homesharer», compara.

Mientras permanece en el vacío, Airbnb desvela que en 2016 hasta 1,3 millones de personas se alojaron en uno de sus apartamentos, un 40% más que en 2015. Hasta 19.565 anuncios, con una media de 70 noches ocupadas por vivienda. «Y todavía podemos crecer más si se aprueba el decreto de la Generalitat, el ayuntamiento lo reconoce y la seguridad jurídica propicia que la gente con miedo a las sanciones se publicite con nosotros», vaticina el directivo.

Bloqueada por el Gobierno catalán, la normativa en la comunidad no es la única que persigue la tecnológica, que sólo esta amparada en Andalucía. «Estamos en conversaciones con todas las administraciones –pese a resistirse a dar detalles–, cuando haya algo que anunciar lo haremos», despeja.

Entre las zonas donde existen negociaciones destaca Madrid. Como desveló Cerodosbé, la Comunidad está abierta a la distinción entre el anfitrión profesional y el amateur. Ahora, el consistorio anuncia que, además, quiere limitar el número de días que una vivienda está disponible.