Airbnb se registra como lobby ante la Generalitat

Las conversaciones entre la Generalitat y Airbnb suben de nivel. Tras al menos dos años de negociaciones para encontrar un modelo que regularice el alquiler de viviendas entre particulares, la compañía estadounidense se ha convertido oficialmente en un grupo de presión para el gobierno catalán.

La tecnológica se ha inscrito el registro de lobbies impulsado por la Ley de Transparencia de la Generalitat. El trámite, realizado el pasado 28 de febrero, es un requisito indispensable a partir de ahora para poder reunirse con “cualquier alto cargo autonómico, desde los directores generales a los consellers”, señalan desde la administración. 

Al frente del diálogo se sitúa Ángel Mesado, director de relaciones institucionales de la plataforma. En la inscripción, la empresa admite que mantiene comunicaciones orales y escritas con las “administraciones públicas competentes” así como con “los partidos políticos con representación parlamentaria involucrados” en el sector.

De este modo, la compañía justifica su registro con tal de “fomentar la intermediación en el sector del alojamiento entre particulares, fomentar el conocimiento y la adecuada regulación para las autoridades y los agentes entre particulares y fomentar la prestación de servicios de homesharing y su regulación”.

Fuentes de la empresa consultadas por Cerodosbé destacan haber sido de los primeros en inscribirse y reafirman su compromiso “con la transparencia”. Así, la organización puede aportar su número de registro para reunirse con los altos cargos de la Generalitat.

Las negociaciones de Airbnb con los organismos catalanes no se limitan al Gobierno autonómico. A nivel local, la tecnológica ofreció al Ayuntamiento de Barcelona la limitación de anuncios en Ciutat Vella, la zona más saturada de alquileres, y solicitó que se diferenciara entre el anfitrión profesional y el amateur. La respuesta municipal: “esto es una tomadura de pelo”.

Mejores perspectivas tienen las conversaciones con la Comunidad de Madrid. Según explicaban en febrero voces directamente implicadas en las negociaciones, la administración madrileña sí estaba abierta a realizar una distinción entre los dos perfiles de propietarios de la plataforma.