Competencia desmonta el Decreto de Turismo de la Generalitat

La Autoridad Catalana se alía con las administraciones europeas y lamenta el "recorte a la innovación" que puede suponer el texto

Durante el mes de septiembre, una multitud de quejas y alegaciones se han aglutinado contra el nuevo Decreto de Turismo de la Generalitat. La última voz crítica procede de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO), que ha elaborado un informe muy negativo con la nueva normativa. «No da una respuesta satisfactoria a las necesidades de simplificación y flexibilización a la actividad turística de Cataluña«, sentencia.

En sus conclusiones, el organismo lamenta que no se distinga entre los anfitriones particulares y profesionales en el campo de los pisos turísticos, una de las grandes reivindicaciones de Airbnb, la compañía reina en el mercado del alquiler. «Las viviendas de uso turístico requieren una regulación conforme a la realidad, que puede ser de doble uso -tanto turístico como residencial- y con un flujo de huéspedes menor a la de los establecimientos tradicionales», señala.

Además, Competencia también denuncia que la Agencia Catalana de Turismo no siga las directrices de la Comisión Europea y quiera imponer a las empresas intermediarias «la obligación de constatar la obligación de la oferta que comercializan». Una norma que ya llevó a Booking a eliminar gran parte de las viviendas de su portal y que Airbnb se resiste a acatar.

Competencia asegura que el texto podría «limitar la innovación» debido a que no responde el análisis de proporcionalidad y necesidad del sector

No es todo. Si bien no duda en ensalzar las mejoras realizadas frente al primer borrador, que quería limitar el alquiler de habitaciones a un máximo de cuatro meses, es claro al sostener que, de aprobarse, el texto podría «limitar la innovación» debido a que no responde el análisis de proporcionalidad y necesidad del sector. Unas restricciones que supondrán una barrera de entrada para muchos inmuebles al mercado.

Para acabar con la reprimenda, la ACCO ataca el registro obligatorio de viviendas de uso turístico, al que tilda de «especialmente restrictivo». El trámite, además, es contrario a la Directiva de Servicios y la Ley 16/2015, que intentan simplificar la actividad administrativa.

La Comisión Europea ya advirtió de que las empresas tecnológicas «ofrecen posibilidades y no son una amenaza»

Con este texto, la Autoridad Catalana de la Competencia se alinea con su homóloga española y hace suyas las tesis de la Comisión Europea. El pasado mes de junio, el vicepresidente de la Comisión para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen, recomendó a los estados «alentar un entorno regulador que permita el desarrollo de nuevos modelos de negocios y a la vez proteger a los consumidores y una fiscalidad y unas condiciones de trabajo justas». 

En la misma línea, la comisaria europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Elzbieta Bienkowska, sostuvo que estas plataformas «ofrecen posibilidades y no son una amenaza». 

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