El Gobierno maniobra para fiscalizar a Airbnb

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho que su departamento está trabajando con el de Hacienda para poner a los servicios de intermediación de alquiler vacacional, como Airbnb y Homeaway, obligaciones fiscales, como proporcionar información tributaria o hacer las retenciones en fuentes.

Nadal, en respuesta a la interpelación que le ha hecho hoy el senador de Podemos Óscar Guardingo acerca de las medidas del Ejecutivo para regular la actividad de las empresas que intermedian en el alquiler de viviendas de particulares para uso vacacional, ha reconocido la dificultad que existe para ordenar estas nuevas formas de economía que ponen en contacto al oferente de un bien y al que lo arrienda a miles de kilómetros.

El ministro, aunque considera que las nuevas formas de economía de la sociedad digital ofrecen ventajas, como la ruptura de monopolios y oligopolios, ha reconocido que es verdad que en algunos casos de alquileres y ventas de bienes y servicios entre particulares «se están eludiendo obligaciones», unas tributarias y otras de garantías al consumidor.

Ha añadido que el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Estado de Turismo llevan varias reuniones para establecer obligaciones fiscales a esas plataformas de alquiler vacacional, entre las que estarían poner un número de registro a los pisos alquilados, o la de que las empresas faciliten toda la información del comprador y vendedor del servicio para que sea conocida por Hacienda en España.

También ha dicho que se están estudiando otro tipo de obligaciones, como practicar retenciones en fuentes, es decir recaudar el impuesto en el momento en que ocurre el hecho generador del mismo, como se hace con otras empresas. Asimismo, ha explicado que su departamento está en contacto con las autoridades europeas que están trabajando en la regulación de la economía colaborativa, porque «lo ideal es que lo hagamos a nivel continental».

Nadal, que considera que «es muy difícil regular bien en una cuestión tan novedosa», también cree que dentro de España hay que tener una «definición clara» de las competencias de las diferentes administraciones en esta materia, aunque ve bien determinadas cuestiones las regulen las comunidades autónomas porque las características del sector turístico difieren de unas a otras.