La Generalitat se convierte en la nueva defensora de Airbnb

La Autoridad Catalana de Competencia critica el control que Montoro quiere aplicar a las plataformas de pisos turísticos

Airbnb consiguió un aliado inesperado: la Generalitat de Cataluña. Mientras que el ayuntamiento de Barcelona afila sus decretos y sanciones para evitar la expansión de pisos ilegales, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) cargó contra el proyecto del ministerio de Hacienda para controlar los ingresos y movimientos de las plataformas de reservas de alojamiento.

La intención de la cartera de Cristóbal Montoro es conocer en detalle cuánto dinero han recaudado los anfitriones que se promocionan por Airbnb, Home Away y otras plataformas, qué cantidad de días han alquilado la vivienda y los datos completos de los propietarios, desde el nombre y apellido hasta la clave de identificación fiscal.

“Medidas desproporcionadas”

El organismo catalán dijo que estas medidas son “desproporcionadas e injustificadas”, y la obligación de comunicar estos y otros datos pueden afectar «de manera significativa» a la actividad y perjudicar, por tanto, la competencia en el sector.

La ACCO consideró que el impacto será mayor en Barcelona, ciudad que –indicó- se ha convertido en un hub tecnológico y donde afecta a uno de sus motores, como es el turismo.

La agencia catalana de competencia alerta que el control de Hacienda puede llevar a un éxodo de plataformas

El ente de Competencia catalana dijo que la adaptación a esta normativa podría llevar a que las plataformas cambien de sede a otro Estado de la Unión Europea, “donde ya no les sería de aplicación este real decreto».

Para la ACCO la obligación de las plataformas de informar la referencia catastral o el precio de los inmuebles no tendría sentido, ya que “ellas no intervienen en la transacción económica del alquiler”.

Airbnb agradece el respaldo catalán

El responsable de políticas públicas de Airbnb para España y Portugal, Sergio Vinay, dijo que la plataforma “ha trabajado con gobiernos de todo el mundo para ayudar a que el pago de impuestos sea claro y fácil”, y dijo que quiere hacer lo mismo en España, pero para el directivo “las normas anunciadas son confusas e inviables”.

En este sentido, Vinay dijo que muchos de los datos solicitados por Hacienda “no están relacionados con el pago de impuestos, y otros no se recogen por plataformas como Airbnb”.

Respaldo de las asociaciones de economía colaborativa

Este argumento es similar al de las asociaciones que engloban a las plataformas de economía colaborativa, que aseguraron que muchos datos que solicitará Hacienda a partir del 1 de julio no tienen forma de conseguirlos.

Adigital y Sharing España dijeron que no tendrían problema en entregar los datos económicos de las transacciones, la identificación del usuario o del inmueble, “pero el resto de los datos solicitados por la administración fiscal simplemente no los tenemos”, detalló José Luis Zimmermann, director general de Adigital.

 

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