Aena, de juicio a juicio

El presidente del gestor aeroportuario, imputado por el ruido de Barajas el mismo día que el Supremo absuelve a la semipública de pagar un sobrecoste por las expropiaciones de la instalación madrileña

Como si del popular juego de mesa se tratase: «De oca a oca y tiro porque me toca». Casualidad o no, a los abogados de Aena se les acumula el trabajo. El mismo día en que el Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de varios expropiados por la expansión del Aeropuerto de Barajas, el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid ha imputado al presidente del gestor aeroportuario, José Manuel Vargas Gómez, por presuntos delitos de «desobediencia y contra el medio ambiente».

La juez María del Sagrado ha decidido también investigar al antecesor de Vargas en el cargo: Juan Ignacio Lema Defensa. El motivo, continuos desacatos a la hora de sobrevolar la urbanización madrileña de Ciudad Santo Domingo. Según denunciaron los propios vecinos en 2004, el ruido ocasionado por los aterrizajes y despegues de la pista 18R/36L atentaba contra sus derechos de «intimidad domiciliaria».

Ya en 2008 se obligó a Aena adoptar medidas para paliar los posibles daños y lesiones producidas por el ruido

12 años después de una batalla judicial que inició un grupo de 350 ciudadanos y ahora ya sólo sostenida por apenas cinco personas, ambos directivos se sentarán en el banquillo por incumplir la sentencia del Supremo en 2008, que ordenó adoptar medidas para paliar los posibles daños y lesiones auditivas. Sin embargo, como explica El Confidencial, no señaló el alcance de las variaciones en la operativa. Simplemente «arregladlo«, se limitó a decir.

Tras caer en un tira y afloja de soluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó en 2014 al cese de un 30% de la operativa sobre la localidad afectada. Una sentencia recurrida ante el Supremo que el alto tribunal debería fallar antes del verano. 

Ese mismo año, los vecinos iniciaron un proceso penal contra los dos presidentes, Amparo Brea Álvarez, directora de Planificación y Medio Ambiente; y Jose Manuel Hesse Martin, anterior director de Medio Ambiente. El póker de ejecutivos declarará entre el día 4 de julio y el día 6. Se les acusa de incumplir el artículo 410 del Código Penal -desobediencia-, penado con multas de tres a doce meses y una inhabilitación para atesorar un cargo público entre seis meses y dos años.

Aena no deberá pagar una nueva indemnización a los expropiados debido a que el suelo adquirido se utilizó para ampliar el aeropuerto de Barajas y no para uso inmobiliario

Por otro lado, también se apunta a un delito contra el medio ambiente por el que podrían ser condenados a penas de prisión de dos a cinco años, una sanción de ocho a 24 meses y la inhabilitación entre uno y tres años. 

La investigación ha contraprogramado las buenas noticias para Aena. La compañía podrá recuperar las provisiones hechas por la denuncia recibida. Así, podrá reintegrar 446 millones de euros: 351 correspondientes al valor de la propiedad expropiada y 95 relativa a los intereses por la demora en el pago. Según la sentencia a la que ha tenido acceso Cerodosbé, el magistrado considera que al emplear el suelo para dar un servicio, el propietario no debe sufragar el incremento del valor, algo que sí sucede en el caso de uso inmobiliario.

 

 

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