El silencio del Gobierno ahorra ocho años de investigación a Globalia

Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, en una imagen de archivo. | EFE

El silencio del Gobierno ahorra ocho años de investigación a Globalia

Las subvenciones fraudulentas recibidas antes de 2010 quedan prescritas por ley al tenerse en cuenta la querella presentada por la fiscalía en octubre de 2015

Carles Huguet

BARCELONA

21/11/2016 - 08:20h

Ocho años durmió el caso residentes de Globalia en los cajones del Ministerio de Fomento. Casi 100 meses en los que, además de dilatar el inicio de la investigación, el Estado ha ahorrado ocho años de investigación al fraude de la corporación turística. La razón: los delitos anteriores al mes de octubre de 2010 han quedado prescritos.

Así, de haber actuado ante las primeras denuncias y no esperar a la querella de la fiscalía otoño de 2015, las pesquisas contemplarían los billetes emitidos desde el año 2002. Por suerte para Juan José Hidalgo, presidente de la sociedad, el desfalco de la matriz de Air Europa y Halcón Viajes tiene un plazo de prescripción de un lustro, según el artículo 131.1 del Código Penal.

La Audiencia Nacional ha fijado el montante total del fraude en 22,7 millones de euros. De esta cifra, 11,9 millones responden a pasajes vendidos por agencias minoristas, 2 millones son relativos a grupos de aficionados y publicidad y 5,2 millones a las reservas realizadas a través de la mayorista Travelplan. Los 3,6 millones restantes obedecen a intereses.

El fraude total podría superar los 80 millones de euros, aseguran en el sector

Más de 20 millones que Globalia ya se ha encargado de enjuagar. Dos meses después de conocer el inicio de la causa, la compañía depositó hasta 30,3 millones de euros en los juzgados para hacer frente a la multa, que finalmente ha sido menor de lo esperado, pues la fiscalía sólo solicita una sanción de 9,6 millones. En total, el coste del desfalco ascendería a 32 millones.

Sin embargo, fuentes del sector de las agencias de viajes advierten de que el silencio de dos gobiernos del PSOE, entre 2007 y 2011, y uno del PP, de 2011 a 2013, aliviarán las cuentas de resultados de la corporación turística por encima de la estafa realizada. "No sólo miraron para otro lado, con su silencio han conseguido que un fraude que puede superar los 80 millones de euros se quede simplemente en 20 porque no se investigará más allá del 2010", lamentan desde las agencias de viaje.

Las primeras alarmas saltaron en 2007, de la mano de una promoción con los periódicos Canarias 7 y Diario de Avisos. Con los clásicos cupones, y tras el pago de 15 euros en concepto de cargo por emisión, los clientes podían acceder a la oferta. El beneficio llegaba a la hora de liquidar con el ministerio la correspondiente subvención del 50% en los boletos para los residentes en las islas. En lugar de reclamar 7,5 euros, Globalia emitía los pasajes al coste original de 604 euros, por lo que el reembolso superaba los 300 euros.

"Ahí se destapó el caso, pero eso no significa que no vinieran haciendo uso indebido de las ayudas que ofrece Fomento desde antes", señalan las mismas fuentes. Resignadas, sentencian: "Nunca lo sabremos, pues el juez está cerca de dar carpetazo a una investigación menor de lo que podría haber llegado a ser".

El juez sólo ha imputado a una filial del grupo Globalia

Además, el magistrado Eloy Velasco también ha dictado el sobreseimiento de la causa sobre Juan José Hidalgo; Richard Clark, director comercial de Air Europa; y Ramiro Campos, apoderado en varias de las filiales, al ser incapaz de determinar la persona concreta responsable de facturar los billetes de forma defraudadora. También ha ignorado en el caso a la matriz del grupo (Globalia), Halcón Viajes, Viajes Ecuador, Tu Billete, Pepeviajes y Travelplan, a través de las que se cobraron subvenciones hinchadas.

En cambio, sí ha imputado como persona jurídica a Globalia Servicios Corporativos, que en el Registro Mercantil fija su objeto social en "la intermediación entre abogados y sus clientes en el ejercicio profesional de la abogacía y demás actividades jurídicas relacionadas".

La fiscalía ha respetado las tesis del juez, pero ha añadido la prohibición de acogerse durante 10 meses a los beneficios fiscales que ofrece la Seguridad Social y le niega la posibilidad de pedir nuevas subvenciones y ayudas públicas.