¿Qué debe hacer Italia con Alitalia?

Una de las cintas de Alitalia en el aeropuerto de Roma-Fiumicino. | EFE

¿Qué debe hacer Italia con Alitalia?

El Gobierno se debate entre una venta completa, por partes, un rescate o la búsqueda de grandes empresas que refloten la aerolínea

CRISTINA CABREJAS (EFE)

ROMA

26/04/2017 - 13:00h

El Gobierno italiano ha dejado claro que no habrá más ayudas de Estado para salvar a la aerolínea Alitalia, al borde de la quiebra, pero se enfrenta al dilema de tener que garantizar un futuro a 12.500 empleados y las necesarias conexiones aéreas para un país en el que el turismo es vital.

Tras el rechazo por parte de los trabajadores de la aerolínea al acuerdo del nuevo plan industrial, que preveía una recapitalización de hasta 2.000 millones de euros, Alitalia comunicó este martes que iniciaba el procedimiento previsto por la ley en estos casos, lo que podrá significar tener que pedir al Estado que nombre un comisario que gestione la situación. La compañía ha convocado a la asamblea de accionistas para el jueves en una primera reunión, pero las posibles decisiones sobre la llamada "administración extraordinaria" se tomarán el 2 de mayo en una segunda convocatoria.

El ministro italiano de Transportes, Graziano Delrio, explica en una entrevista publicada este miércoles en La Stampa: "si alguien piensa que se producirá un nuevo rescate público, se lo digo claramente: No lo habrá". El ejecutivo adelanta que la intervención del Estado "será únicamente para evitar la quiebra" y que Alitalia "será vendida a quien haga la mejor oferta".

Por el momento, como recuerda Delrio, en el último decreto de corrección de las cuentas aprobado por el Gobierno ya se preveían 300 millones de euros para que la sociedad pública Invitalia, socia de la aerolínea, participase en la posible recapitalización. "Si serán necesarios otros fondos lo evaluaremos, pero, repito, se tratará solo de acompañar la empresa o parte de ella hacia la compra de un nuevo accionista privado", advierte.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico, Carlo Calenda, afirma en declaraciones al diario Corriere della Sera que la única opción es la de "un crédito puente" que permita sobrevivir a la aerolínea los próximos seis meses. Medio año para que se produzca "un proceso de cesión de los activos de manera ordenada y sin dañar a los viajeros", añade.

El "crédito puente en determinadas condiciones" tendrá que ser aprobado por la Unión Europea, matiza Calenda, que detalla que podría ascender a entre 300 y 400 millones.

El problema de Alitalia es que no se trata de una empresa privada como otras, pues además de los necesarios vuelos internos, los vuelos internacionales son vitales para garantizar el flujo turístico al país. La operadora propone 3.600 vuelos semanales internacionales directos y con su venta a otras aerolíneas como la irlandesa Ryanair o la alemana Lufthansa, el Estado tendrá que tener en cuenta la necesidad de llegar "a acuerdos que eviten vuelos que hagan escalas en otros países" para que los turistas lleguen directamente a Italia. Por ello, no hay unanimidad sobre que el Estado se lave la manos ante la venta de Alitalia.

El rotativo La Repubblica se hace eco de la posición del antiguo primer ministro Matteo Renzi, quien podría pedir al Gobierno de su compañero de partido Paolo Gentiloni que explorase "otras soluciones" que no sean la venta a trozos de la aerolínea. Así, los accionistas de Alitalia podrían esperar a tomar decisiones hasta después de las primarias para secretario general del Partido Demócrata (PD), que se celebrarán el 30 de abril y en las que Renzi es favorito.

También el Movimiento 5 Estrellas (M5S) recalca que en estos años se han "tirado 10.000 millones de fondos públicos" para salvar a la aerolínea y ahora no se puede vender así, y propuso "una alianza entre grandes empresas como ENI, Trenitalia y Leonardo con una aerolínea internacional como socio". Pero además del futuro de la aerolínea, al Gobierno le preocupa el de los 12.500 trabajadores ya que los subsidios en caso de despidos también costarían más de 1.000 millones de euros a las arcas del Estado.

"Se abre una fase de incertidumbre y de sacrificios. Por esto tenemos todos que mantener los nervios y trabajar con determinación para asegurar que la transición se produzca con los menores costes posibles", augura el ministro de Trabajo, Giuliano Poletti.