Díaz Ferrán pide quedar libre porque «nadie en España» cree que pueda huir

La defensa del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que levante la prisión provisional bajo fianza de 10 millones de euros impuesta a su cliente, ante la inexistencia del riesgo de fuga y ante su «insolvencia» para hacer frente a la «multimillonaria» y «enorme» cuantía. «Nadie en España puede afirmar con un mínimo de rigor que sinceramente cree en una posible fuga del señor Díaz Ferrán», sostiene.

El abogado y catedrático de Derecho Procesal, Nicolás González-Cuellar, ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita la puesta en libertad del empresario, una persona «con notorio arraigo familiar y social» en España que ha cumplido los 70 años de edad. «¿De verdad puede afirmarse con convicción que existe riesgo de que pueda ponerse fuera el alcance de la Justicia y se convierta en un fugitivo?», se pregunta.

‘Operación Crucero’

La solicitud llega cinco meses después de que el instructor de la operación Crucero decretara el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión provisional del que fuera presidente de la patronal bajo una fianza de 30 millones, que fue posteriormente rebajada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal en la causa en la que se investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores.

Tras considerar «infundado» el peligro de fuga esgrimido para mantener en prisión a su representado, la defensa subraya que ni «la relevancia social de la causa o del imputado» ni tampoco «la alarma social» constituyen motivos para sustentar esta medida cautelar.

Cabeza de turco

«Resulta innecesario ahondar aquí sobre la necesidad de mantener el ámbito de las medidas cautelares procesales penales al margen de las expectativas de la opinión pública creadas por los medios de comunicación o generadas por determinados ‘comunicadores’ especializados en ofrecer ‘cabezas de turco’ con los que apaciguar estados de irritación social frente al devenir político y social del país», expone.

La representación del ex dirigente de la patronal entiende que la prisión eludible bajo una fianza de 10 millones de euros se ha erigido en una suerte de «sanción anticipada» con el carácter de «auténtica pena ejecutada sin juicio y sin sentencia». «Como resulta imposible que afronte la desmesurada fianza, de no remediarse por su señoría, permanecerá en prisión provisional a lo largo de todo el proceso, lo cual en realidad haría de por sí innecesario su enjuiciamiento», advierte.