El Tribunal Supremo enciende la mecha en el conflicto de Turespaña

El Tribunal Supremo enciende la mecha en el conflicto de Turespaña

El recurso impuesto por un grupo de funcionarios contra la normativa que facilita el acceso a las delegaciones de promoción, aceptado por el magistrado

02B

Barcelona

17/05/2016 - 13:07h

Marta Blanco, directora general de Turespaña. | EFE

El conflicto en las embajadas turísticas salta a los juzgados. El pasado mes de junio, la Asociación de Administradores Civiles del Estado Especializados en Turismo (Acestur) recurrió el reglamento aprobado por el Gobierno tres meses antes para impedir que las 33 oficinas de turismo españolas repartidas por el mundo puedan ser dirigidas por personal ajeno al sector.

Turespaña es el organismo que agrupa la promoción del país en el extranjero. Con un presupuesto de 91 millones de euros, ser consejero en una de las delegaciones es uno de los cargos más deseados por los funcionarios especializados. El motivo: un salario de 300.000 euros.

Hasta la primavera de 2015, los requisitos para acceder al puesto eran muy restrictivos. El Gobierno exigía ser funcionario del grupo A, haber trabajado en una administración turística del Estado, conocer el idioma del país de destino y tener una experiencia de dos años "directamente relacionada con la actividad turística".

Rebaja considerable

Sin embargo, el decreto 217/2015 recortó las exigencias. Ahora, para dirigir una de las delegaciones de Turespaña sólo es necesario pertenecer al subgrupo A1 del funcionariado y conocer la lengua del país designado. Entran en juego criterios subjetivos como "la formación y experiencia acreditada en las materias a tratar".

Además, se aplicará también una medida con carácter retroactivo: El tiempo máximo de estancia se rebajará de ocho a cinco años. Por ello, cuatro directores de oficina han tenido que volver a España antes de lo previsto.

¿Un canal para enchufar personal o privilegios insostenibles?

Ante los cambios, Acestur presentó una demanda al Tribunal Supremo por lo que consideran una nueva vía para enchufar a personal de la administración. Sin embargo, desde otras ópticas se defiende que es sólo una pataleta por el miedo a perder los privilegios que han disfrutado hasta la entrada en vigor de la norma.