La patronal pide al Gobierno que asuma el coste adicional del IVA europeo

La aplicación de la sentencia europea que obliga a España a adaptar su modelo de IVA turístico a los estándares impuestos por Bruselas es cuestión de tiempo. Y eso inquieta al sector. La CEOE reclama al Gobierno que haga bueno el dicho de prevenir es mejor que curar y tome medidas fiscales inmediatas para compensar el inevitable golpe que en cualquier momento se asestará a las cuentas de miles de empresas.
      

 
La patronal no sólo carga contra la proliferación de nuevos impuestos fundamentalmente de ámbito local. En su informe sectorial, insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a recuperar el tipo reducido para el sector y, de paso, su ampliación a otras actividades económicas como congresos, alquiler de vehículos o parques de atracciones.

La CEOE está muy preocupada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de IVA. Pide que se adopten las medidas necesarias para evitar que su implantación –de obligado cumplimiento– no provoque un daño «irreparable». El hachazo afecta al sector de las agencias de viaje, aunque es especialmente contundente en el sector de congresos y de turismo de negocios.

En su sentencia, Bruselas acusa a España de haber ocasionado distorsiones de competencia. En primer lugar, admite que la normativa española excluye del citado régimen especial –que permite agrupar el IVA– las ventas de viajes organizados por las agencias mayoristas, pero efectuadas por las agencias minoristas.

El Tribunal también rechaza que la normativa española permita a las agencias de viajes reflejar en sus facturas parte del precio con IVA, que se considera soportado por el cliente y que éste tiene derecho a deducir; y añade que esta disposición además entraña una discriminación por razón de la nacionalidad, incompatible con el sistema común del IVA.

Por último, la corte coincide con Bruselas en que la posibilidad de determinar globalmente la base imponible del margen de beneficio de las agencias de viajes que permite la legislación nacional no tiene base jurídica en las normas europeas.