60.000 pisos turísticos en jaque en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana prepara una nueva normativa para regular los pisos vacacionales, sector que creció un 43% en 2017, que podría dejar en un limbo jurídico a alrededor de 60.000 viviendas que hoy operan legalmente pero que no cumplen los requisitos que exige la nueva Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad (LTOH).

En marcha desde el pasado mes de julio, la nueva normativa exige a los propietarios disponer de un informe de compatibilidad urbanística. Sin embargo, los pisos registrados con anterioridad en el registro autonómico quedaban exentos de este requisito.

Hasta ahora ya que, según informa El Mundo, la Secretaría Autonómica de Turismo estudia reclamar también esta condición a las viviendas inscritas antes de la entrada en vigor de la LTOH, que ahora operan de forma legal, mediante un nuevo decreto.

Un nuevo decreto exigirá a los pisos inscritos en el registro previamente a la entrada en vigor de la nueva ley de viviendas de uso turístico disponer también del informe de compatibilidad urbanística

Moratoria

Así, el departamento que dirige Francesc Colomer baraja introducir una moratoria temporal para que las viviendas que ahora operan legalmente pero no cumplen los requisitos de la nueva ley dispongan de un plazo de entre dos y siete años para cumplir con estas exigencias legales.

Si transcurrido ese periodo, aún por determinar, las viviendas no cumpliesen todos los requisitos que exige la ley, dejarían de ser legales y, por tanto, no se podrían alquilar, quedando fuera del mercado y en el limbo jurídico.

Si transcurrida la moratoria, aún por determinar, las viviendas (alrededor de 60.000) no cumpliesen os requisitos que exige la ley, dejarían de ser legales y, por tanto, no se podrían alquilar, quedando fuera del mercado

La situación afecta a unas 60.000 viviendas en la Comunidad Valenciana, todas ellas inscritas en el registro autonómico y actualmente en operación.

Informe de compatibilidad urbanística

El problema es que lograr el citado informe de compatibilidad urbanística no es sencillo, ya que depende de los ayuntamientos, que son quienes los conceden y también quienes determinan si una vivienda puede o no tener un uso turístico, según los planes generales de casa población.

El informe de compatibilidad urbanística es otorgado por cada municipio, que puede tener diferentes criterios en su concesión

Así, cada consistorio tiene capacidad de decidir si una vivienda puede ser utilizada en el mercado turístico en función de si este uso es, a su juicio, compatible con su planeamiento. De este modo, una empresa de pisos vacacionales puede ver cómo sus propiedades quedan sin valor si una vez finalizada la moratoria no logran la aprobación urbanística.

Diferentes asociaciones de apartamentos y viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana denunciaron que los criterios que siguen los ayuntamientos en este sentido no son unánimes y aseguraron “estar en manos de los técnicos, que pueden tener criterios distintos a los que se manejan en el municipio de al lado”.

Desde Turismo, por su parte, sostienen que la nueva regulación no implica inseguridad jurídica y aluden a la prudencia. Además, señalan, no habrá retroactividad, según fuentes de la Secretaría Autonómica de Turismo, que prevén tener listo el decreto regulador de los pisos turísticos para el mes de marzo.

De forma paralela, la Comunidad Valenciana lanzó ayer junto a la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turisticos una campaña de sensibilización, concienciación y lucha contra el intrusismo en el sector

Viviendas turísticas legales

En paralelo, la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) presentó en Londres, de la mano justamente de la Comunidad Valenciana, su nueva campaña de sensibilización, concienciación y lucha contra el intrusismo.

En el marco de la feria mundial del turismo (World Travel Market), la campaña, que lleva por eslogan BeLegalMyFriend (Se legal amigo mío), pretende vender «la idea en positivo de lo que son las viviendas turísticas, que representan el 55 % de la vivienda alojativa en la Comunidad Valenciana», señaló la directora de Fevitur, Patricia Valenzuela.

La organización pretende luchar contra la idea de que de estos alojamientos suelen ser ilegales y defiende que «las viviendas turísticas son dirigidas por empresas gestoras que contratan personal, pagan impuestos y repercuten en los comercios de la zona».

Precisamente la Comunidad Valenciana es líder en este segmento y el propio Francesc Colomer resaltó que “queremos mandar un mensaje al mundo de una Comunidad Valenciana ligada a la seguridad jurídica. Ligada al respeto por el turista, por el viajero y por el consumidor”.