Airbnb vence en su batalla legal contra Nueva York

Protesta contra Airbnb en Nueva York. EFE.

Airbnb vence en su batalla legal contra Nueva York

Un juez paraliza la aplicación de una ley aprobada por la ciudad que exige a las empresas compartir la información de huéspedes, caseros y viviendas

Nueva York pierde la batalla legal que mantenía con Airbnb. Un juez federal dio la razón a la compañía y paralizó de forma temporal la aplicación de una ley aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad que busca poner coto a las empresas de alquiler de viviendas.

La empresa no tendrá que entregar la información sobre las propiedades alquiladas, anfitriones y huéspedes, tal como reclamaba dicha ley.

Un juez federal paralizó la lay por considerar que la alcaldía no puede exigir los datos sobre las casas alquiladas, así como las identidades y residencia de los hospedados

Victoria (parcial) de Airbnb

El juez Paul A. Engelmayer del Tribunal Federal del sur de Nueva York tomó esta medida por considerar que la alcaldía no puede exigir los datos sobre las casas alquiladas, así como las identidades y residencia de los hospedados.

La ley queda paralizada y no entrará en vigor hasta que no concluya el litigio, según el magistrado, quien considera que el asunto se resolverá en breve.

En países como España, sin embargo, Airbnb colabora ya con las autoridades para facilitar la cesión de datos fiscales de sus propietarios a la Agencia Tributaria, aunque no comparte las identidades de los huéspedes

Airbnb, que presentó la demanda junto con la empresa HomeAway, dio la bienvenida a esta decisión calificándola de “gran victoria” para la compañía y sus usuarios “incluidos los miles de neoyorquinos en riesgo de sufrir una vigilancia ilegal que usan Airbnb para poder llegar a fin de mes”, añadió.

En países como España, sin embargo, Airbnb colabora ya con las autoridades para facilitar la cesión de datos fiscales de sus propietarios a la Agencia Tributaria a través de una aplicación vigente a partir de este mes de enero.

La información que se comparte, no obstante, no incluye la identidad de los huéspedes, sino de los caseros, entre ellos los días alquilados, ingresos percibidos y la referencia catastral de los inmuebles.

Coto al alquiler de corta estancia

La ciudad de Nueva York aprobó esta ley el 18 de julio para poner fin a los alquileres de corto espacio de tiempo.

Según las autoridades de Nueva York, la nueva normativa tramitada y aprobada en julio pretende frenar a estas empresas que, a su juicio, han contribuido al aumento del precio del alquiler en la ciudad

Anteriormente, en 2010, el estado de Nueva York prohibió el alquiler por periodos menores de 30 días de viviendas situadas en edificios habitados por más de tres familias viviendo independientemente. La única salvedad era que dicho alquiler se realizara con un residente permanente viviendo en el piso.

Según las autoridades locales, la nueva normativa tramitada y aprobada en julio pretende desarrollar la anterior ley de 2010 con el objetivo de frenar a estas empresas que, a su juicio, han contribuido al aumento del precio del alquiler en Nueva York.

Frente anti Airbnb

Nueva York no es la única gran ciudad que busca legislar contra el fenómeno del home sharing y sus consecuencias, que van, a su juicio, desde la alteración del mercado inmobiliario y la subida de precios del alquiler hasta la expulsión de vecinos del centro de las ciudades, pasando por molestias a los residentes.

El pasado noviembre, representantes de 42 grandes urbes de todo el mundo firmaron en Barcelona una declaración que exige transparencia y respeto a las leyes locales a las plataformas digitales

El pasado noviembre, representantes de 42 grandes urbes de todo el mundo firmaron en Barcelona –que pretende erigirse como la avanzada de la resistencia- la declaración de la cumbre Sharing Cities 2018.

En este documento exigieron que las plataformas digitales respeten las leyes locales, que tengan más transparencia en el manejo de datos personales y que garanticen los derechos laborales de sus trabajadores.

Otras zonas como Baleares, también aplican mano dura. El Consell de Ibiza sancionará a Airbnb con una multa que puede llegar hasta los 400.000 euros por publicitar pisos turísticos ilegales en la isla. Una notificación que se suma a la penalización que le impuso el Gobierno de las Islas Baleares por 300.000 euros, que sigue su curso tras rechazarse las alegaciones.