Airbnb, en la lupa de los detectives

El maremágnum de problemas causados por el alquiler vacacional ha llevado a vecinos de Palma de Mallorca a solicitar los servicios de las agencias de detectives para poner fin a una pesadilla. La ley del alquiler turístico prohíbe expresamente alquilar pisos a turistas en viviendas plurifamiliares, sin embargo, son muchas las comunidades de vecinos que a pesar de ello viven un calvario debido a este tipo de negocio.

Para agilizar el trámite que ponga fin a ese caos en el edificio y recuperar la armonía perdida, un elevado número de residentes recurre a la contratación de los servicios de detectives privados. Palma, Alcúdia, Pollença, Calvià y los lugares más concurridos para el veraneo es donde más se reclama la actuación de estos profesionales, según explica Juan Carlos Cabanach, director de una de las agencias que se ocupan de investigar estos casos de alquiler vacacional conflictivo.

Los detectives del grupo Cabanach tienen la misión de obtener pruebas con las que demostrar el uso que se da a un piso para que los vecinos puedan adjuntarlas a su denuncia administrativa. «El que aporta las pruebas es el detective privado», señala, quien precisa que el principal objetivo del trabajo de estos profesionales consiste en «esclarecer la verdad».

Acerca de la proliferación de las denuncias por falsos casos de intoxicaciones alimentarias en hoteles de Mallorca por parte de turistas, el director de la agencia señala que, aunque su empresa no ha estado implicada, otros despachos de detectives de las islas sí han investigado el asunto. «Nuestros detectives pueden investigar fraudes pero cuando tenemos conocimiento de que es un hecho delictivo tenemos la obligación de comunicárselo a la Guardia Civil o a la Policía Nacional y de poner a su disposición todos los datos que hemos recopilado para que ellos se ocupen», aclara.

Sin embargo, contratar estos servicios no está al alcance de todos los bolsillos. «El precio medio de un encargo profesional lo situaría entre 2.500 y 3.000 euros», apunta el director de la agencia, quien precisa que con esa suma se puede costear una investigación para acreditar el uso de un piso o la conducta de alguien durante dos o tres días.