Airbnb mantiene su resistencia contra Montoro

Airbnb dijo que está dispuesta a negociar la gestión de los impuestos con Hacienda.

Airbnb mantiene su resistencia contra Montoro

Airbnb insiste en que no entregará datos fiscales de los propietarios a Hacienda

Airbnb no está entregando datos fiscales de los propietarios al Ministerio de Hacienda, “y no los entregará”, indicaron fuentes de la empresa a Cerodosbé. La plataforma negó que la tecnológica estuviera dispuesta a ceder estas informaciones si el gobierno español las reclamaban.

La plataforma de alquiler de viviendas dijo que las nuevas políticas de privacidad no implica que la compañía vaya a ceder los datos fiscales de los propietarios a Hacienda.

La empresa mantiene su postura 

En sus condiciones Airbnb informa a sus huéspedes que dará los datos fiscales a las agencias tributarias, pero en los países en donde la plataforma tiene la potestad para liquidar impuestos por los alojamientos, lo que no sucede en España.

Desde Airbnb indicaron que la postura de la compañía no ha variado, y que siguen trabajando para lograr que la normativa “sea más simple y justa”.

Control de Montoro

El plan de Hacienda es que a partir de 1 de julio las plataformas de alquiler de viviendas informen periódicamente cuánto dinero han recaudado los huéspedes, qué cantidad de días han alquilado la vivienda y los datos completos de los propietarios, desde el nombre y apellido hasta la clave de identificación fiscal.

Airbnb dijo que no entregó datos fiscales a Hacienda “ni los entregará”

Airbnb, Homeaway y otras plataformas pertenecientes a la Asociación de la Economía Digital (Adigital) y Sharing España (que agrupa a las empresas de economía colaborativa) salieron al cruce de la normativa, y dijeron que pone en riesgo la actividad.

Sergio Vinay, responsable de políticas públicas de Airbnb para España y Portugal, había dicho que “las normas anunciadas son confusas e inviables” y que “muchos de los datos que piden no están relacionados con el pago de impuestos”.

La normativa de Cristobal Montoro también chocó con las críticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y de la Autoridad Catalana de la Competencia.

La CNMC dijo que “estas obligaciones pueden distorsionar la competencia”, mientras que el organismo catalán consideró que el real decreto impone “cargas desproporcionadas e injustificadas”.