Anfitriones de Barcelona demandan a Airbnb por prácticas desleales

Los anfitriones de Airbnb que fueron multados por el Ayuntamiento de Barcelona acusan a la plataforma de haberles engañado con las condiciones de alquiler

Una asociación formada por anfitriones de Airbnb multados por el Ayuntamiento de Barcelona presentaron una demanda contra la plataforma, a quien acusa de prácticas desleales que derivaron en las sanciones.

El juzgado mercantil 10 de Barcelona admitió la demanda presentada por la asociación Acaba (Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb), que se consideraron engañados por la tecnológica al plantear las condiciones para ofrecer sus viviendas.

La primera demanda a nivel mundial

Según precisa la demanda presentada, Airbnb indujo a estos propietarios «a realizar ofertas turísticas sin la correspondiente habilitación y creando la impresión de que podía alquilarse la residencia habitual sin la misma».

El abogado de Acaba, Dylan Tarín, precisó que esta es la primera demanda colectiva por prácticas desleales que se presenta en todo el mundo contra Airbnb.

La asociación Acaba dice que los anfitriones alquilan sus viviendas como una salida económica y no por especulación

Tarín consideró que las sanciones que un centenar de propietarios recibieron por parte del Ayuntamiento son “indiscriminadas”, ya que ellos alquilan sus viviendas “en forma esporádica”.

Según Acaba, hasta 5.077 usuarios de la plataforma han sido sancionados en un período de dos años, de los que más de 2.500 habrían recibido multas por importes de 30.000 euros y otros 2.577 por importes de 60.000 euros.

Doble objetivo de los anfitriones

La demanda de los asociados de Acaba tiene una doble finalidad: por un lado conseguir una reparación por estas sanciones, y por el otro que se prohíba a Airbnb que publique anuncios de alojamientos turísticos sin la correspondiente habilitación y «hacer publicidad confusa sobre ello».

El abogado dijo que Acaba surge para amparar a los usuarios de Airbnb que usaron los servicios de la plataforma “de buena fe” y no para especular, ya que las personas que alquilaban sus viviendas lo hacían “por necesidad económica”.

Acaba representa a 102 propietarios que recibieron sanciones, pero en un 60% de los casos pudieron esquivar las multas por falta de pruebas. En el 40% restante los procesos sancionadores siguen adelante.

Orden a Airbnb y el Ayuntamiento

El juzgado mercantil ordenó a Airbnb y al Ayuntamiento de Barcelona que en un plazo de un mes entreguen a Acaba sus listados de usuarios de la plataforma que no cuentan con la correspondiente habilitación para alquilar sus viviendas para uso turístico.

En el caso del consistorio, se le requiere a informar también de aquellos anfitriones que tienen procedimientos administrativos sancionadores abiertos

Relación tensa

El Ayuntamiento y Airbnb mantuvieron una relación tensa en el último año por el problema de los pisos turísticos ilegales. En varias ocasiones el consistorio presionó a la plataforma para que elimine los anuncios de propiedades que no estaban autorizadas, decisión que la tecnológica accedió borrando más de 1.500 ofertas.

Pero todavía están pendientes dos multas contra Airbnb de 30.000 euros cada una, y luego un expediente que elevó el consistorio por 600.000 euros por reincidencia. Pero como la empresa las recurrió, todavía no se pudieron hacer efectivas.

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