Canarias también pone el cepo a los Airbnb

Canarias sigue los pasos de Baleares y prohíbe los alquileres vacacionales en las zonas turísticas

El gobierno de Canarias elaboró un proyecto para frenar la expansión de las viviendas turísticas en  las islas y reducir la actual oferta de este tipo de alojamientos. El punto más conflictivo de este borrador es la prohibición de ofrecer nuevos alquileres vacacionales en zonas turísticas.

Esta medida no sólo comprende a las viviendas en edificios compartidos por residentes permanentes, como es el caso de Baleares (sobre todo en Palma), sino también a los inmuebles creados para ofrecer apartamentos turísticos. Es lo que Ashotel, la patronal de Canarias, califica como ‘pseudohoteles’.

Excepciones al proyecto

Esta norma tiene excepciones. Una de ellas es que se podrán ofrecer viviendas pero en zonas que no tengan la calificación de zonas turísticas. La otra es que cada ayuntamiento y cabildo (responsable del gobierno de cada isla) podrá decidir si esta prohibición se aplica tal cual o si puede tener “un marco flexible”, describió el consejero regional de Turismo Isaac Castellano.

El gobierno canario busca que los pisos turísticos tengan las mismas obligaciones que los hoteles

Para Jorge Marichal, presidente de Ashotel, la separación entre el uso residencial y turístico es lo que “ha permitido hasta ahora tener un modelo de éxito, avalado por la buena marcha del sector en estas décadas”.

Obligaciones como los hoteles

El proyecto del gobierno canario también refuerza las obligaciones de los pisos turísticos, que lo acercan a las que ya tienen los hoteles.

Si un propietario tiene más de tres viviendas en oferta, se lo considerará como un profesional del sector y deberá contar con trabajadores contratados bajo el convenio colectivo del sector, tal como las casas rurales.

No se pueden alquilar habitaciones

Las viviendas turísticas deberán ofrecer servicio de limpieza, suministros de ropa de cama y menaje, mantenimiento de instalaciones y la asistencia – al menos telefónicamente- de 24 horas.

El 80% de las viviendas turísticas no cuentan con la autorización del gobierno de Canariasx

Tampoco se permite que un propietario pueda ofrecer su vivienda permanente para turistas. Esta medida corta las alas a las personas que alquilan habitaciones en sus casas a los visitantes, y que llegó a casos extremos como la oferta de dormir en un balcón en un piso, denunciado por Ashotel.

Airbnb será responsable

Las plataformas digitales como Airbnb o Homeaway serán responsables subsidiarios de las viviendas que promocionan. O sea, no podrán difundir ofertas de viviendas sin autorizar por el gobierno canario. Si hay alguna plaza irregular, deberían eliminarlas en un máximo de seis meses.

Según un estudio de la comunidad autónoma, de casi 32.000 viviendas disponibles, poco más del 20% (unas 6.600 propiedades) estaban autorizadas por los cabildos.

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