Competencia desmonta los planes contra los pisos turísticos

Los propietarios priorizan la seguridad en el cobro y la disponibilidad inmediata de la vivienda.

Competencia desmonta los planes contra los pisos turísticos

Competencia impugnará ante la Justicia las normativas de pisos turísticos de Madrid, Bilbao y San Sebastián

Equipo Cerodosbé

BARCELONA

07/08/2018 - 12:57h

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) presentará un recurso judicial contra las normativas de pisos turísticos de Madrid, Bilbao y San Sebastián. El organismo considera que estas normas disminuyen la libre competencia y perjudica a los usuarios de este tipo de alojamientos.

Antes de acudir a la Justicia, la CNMC envió un requerimiento a los tres ayuntamiento consultando las razones de sus restricciones, o que en todo caso, anularan sus requisitos. Pero como no obtuvo respuesta, aceleró la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo.

Críticas a la normativa de Madrid

En el caso de Madrid, Competencia recuerda que el Ayuntamiento de Manuela Carmena exige una licencia para alquilar apartamentos y viviendas turísticas.

Además establece un periodo de un año, ampliable a otro más, hasta que se puedan otorgar de nuevo licencias en determinados distritos de la capital: en el distrito Centro, para toda clase de hospedaje, y en Palos de Moguer, Recoletos, Goya, Trafalgar y Argüelles para viviendas de uso turístico.

Desde Asotur (Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos y Vacacionales de Madrid) su presidente Chema González dijo a Cerodosbé que celebran que "la CNMC haya decidido tomar cartas" en este tema.

La normativa madrileña fue aprobada por el consistorio hace dos semanas, pero para Asotur, plantea reglas "de imposible cumplimiento", como que estas viviendas tengan entrada independiente desde la vía pública. "Esto llevará a que el 95% de las viviendas con licencia no puedan seguir operando", indicó. 

Además señaló que esta disposición sólo beneficia a los grandes inversores del sector. "¿Por que puedo alquilar una habitación a un estudiante y no a un turista que viene por una semana a Madrid?", se preguntó el titular de Asotur.

Esta entidad presentará alegaciones a la normativa aprobada por el ayuntamiento madrileño, y "acudiremos donde tengamos que acudir" por la vía judicial, agregó.

Rechazo desde Bilbao

En cuanto a Bilbao, la normativa municipal exige que solo pueden ser viviendas de uso turístico las plantas bajas o primeras de los inmuebles, salvo que tengan acceso independiente a la calle.

Competencia afirma que las normativas de pisos turísticos perjudican a los nuevos oferentes y alejan la inversión en el sector

Además de exigir un registro, la CNMC puntualiza que se incluyen otros obstáculos, como exigencias de oferta máxima de tres habitaciones por vivienda y limitación a edificios de uso residencial.

El Ayuntamiento bilbaíno recordó que el 31 de mayo rechazó la solicitud de la CNMC para anular la regulación de los pisos turísticos.

El requisito de la planta baja también se repite en las ordenanzas de San Sebastián, en donde además se prohíbe la apertura de nuevas viviendas turísticas en algunas zonas del centro de la ciudad.

Recientemente, la Autoridad Vasca de la Competencia, el organismo que en el País Vasco entiende de las cuestiones relacionadas con el libre mercado, consideró necesario regular el fenómeno de las viviendas dedicadas al uso turístico, pero no se decantó por cuál de las administraciones públicas debe ser la que lo regule, informa Efe.

Consecuencias de las normativas

A juicio de la CNMC, “todas estas medidas tienen efectos restrictivos sobre la competencia en las tres ciudades”, porque –considera- impide la entrada de nuevos operadores y fortalece la posición de los operadores que ya están instalados.

Las consecuencias de esta situación, indica el organismo controlador, es que habrá precios más elevados en el alojamiento turístico y se reducirá la calidad, además que se alejará la inversión y la innovación en estos apartamentos vacacionales.

Competencia afirma que las normativas “no garantizan una mayor calidad de los alojamientos turísticos” y los ayuntamientos no han justificado que las medidas elegidas sean las más idóneas para lograrlos.