Valencia se suma a la lucha contra los pisos turísticos

Promoción de un piso en Airbnb en Elche. /

Valencia se suma a la lucha contra los pisos turísticos

La Comunitat Valenciana impone una multa de 120.000 euros a varias plataformas por promocionar viviendas turísticas. Airbnb recurrirá la sanción

La Agencia Valenciana de Turisme se ha puesto firme y ha aplicado una multa de 120.000 euros a seis plataformas que gestionaban alquileres de apartamentos turísticos. Las sanciones más duras han recaído sobre Airbnb, Homeaway y Rentalia, que en total deberán pagar 30.000 euros por ofrecer viviendas sin reflejar el número de registro, que acredita su condición de turística.

Las multas a estas tres webs son las más altas que permite la ley de alquileres turísticos, cuyo texto el gobierno valenciano quiere que sea más duro todavía. El secretario de Turismo autonómico, Francesc Colomer, justificó el monto elevado en que estas son “plataformas con mucho tráfico y con un volumen económico muy alto”.

"Como administración debemos ser firmes en el cumplimiento de la ley y en la defensa de un modelo turístico basado en la profesionalización y en la calidad", dijo Colomer, que ha seguido los pasos de otras administraciones, como el gobierno municipal de Barcelona, en aplicar sanciones a esta modalidad de alquiler.

En 2016 el organismo turístico había abierto siete expedientes a Homeaway, Milanuncios, Niumba, Airbnb, Fotoalquiler, Rentalia y Ya encontré-Ya Hetrobat, que se han resuelto en junio con multas de 6.000 a 30.000 euros a tres de ellas, y en diciembre se aplicaron sanciones a otras dos de ellas también por 30.000 euros.

Airbnb apelará la sanción

En Airbnb anunciaron que apelarán la sanción y afirmaron que están “decepcionados” por la decisión del gobierno valenciano. En un comunicado, la plataforma dijo que la normativa de la Comunitat “no reconoce de manera clara la posibilidad de que un particular pueda compartir su propio hogar, ni los beneficios que supone para muchas familias y comercios”

Además señaló que el gobierno cae en una contradicción, porque –según Airbnb- hace unos días “señaló que compartir el propio hogar era una actividad que no estaba incluida en la normativa turística y que, por lo tanto no precisaba de número de registro".

Airbnb afirma que la sanción aleja a la administración “de clima de diálogo y colaboración que existe en muchas de las capitales europeas”.