La contienda entre BCN y la Generalitat por controlar los pisos turísticos

Un grupo de turistas en el barrio de la Barceloneta (Barcelona). | EFE

La contienda entre BCN y la Generalitat por controlar los pisos turísticos

El consistorio reclama un cambio de régimen para pasar a controlar la entrada al mercado de nuevos alojamientos, una demanda a la que el Govern se niega

Carles Huguet

BARCELONA

01/02/2017 - 06:00h

Unidos en la batalla contra la oferta ilegal de pisos turísticos, las relaciones entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona se agrietan a la hora de controlar la oferta legal en la ciudad. El motivo: el consistorio quiere controlar la concesión de permisos, por los que ahora vale un simple comunicado de inicio de actividad.

Según explican fuentes municipales a Cerodosbé, la intención del equipo de gobierno es que las viviendas pasen a formar parte del régimen de licencias. Bajo esta demanda ya ha presentado alegaciones al Proyecto de decreto del Reglamento de Turisme de Catalunya.

La cuestión puede parecer un simple matiz, pero tiene en jaque a todo el sector de la capital catalana. En el nuevo Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), la administración liderada por Ada Colau abrirá el grifo a 400 nuevos alojamientos en las afueras de la ciudad siempre que este tipo de establecimientos viren hacia el paraguas de las licencias, de competencia municipal.

Sin embargo, la Generalitat echa un jarro de agua fría a las expectativas locales. “La petición del Ayuntamiento contradice una ley realizada para facilitar el inicio de una actividad económica, por lo tanto, no se podrá atender”, advierte Octavi Bono, director general de Turisme de Catalunya.

“El consistorio pide algo que no podrá tener”, notifica. “El proceso de licencias es más complicado y la administración tiene más herramientas para frenarlo”, señala. Pese a su lentitud y sin olvidar del mayor ámbito de opciones para torpedearlo, “si el propietario cumple con los requisitos, el permiso se debe acabar concediendo”, recuerda.

La reflexión llega alineada con las presiones de la Comisión Europea. El pasado mes de junio, la institución continental avisaba de que Europa podía ser “demasiado restrictiva” con este tipo de negocios para proteger “modelos ya existentes”. “Debemos alentar un entorno regulador que permita el desarrollo de nuevos modelos de negocio y a la vez proteger a los consumidores, con una fiscalidad y unas condiciones de trabajo justas”, sentenciaba el vicepresidente de la Comisión para el Empleo, el Crecimiento, la Inversión y la Competitividad, Jyrki Katainen.

La negativa de la Generalitat a las peticiones del Ayuntamiento no se traslada a un cheque en blanco a compañías del alquiler de pisos turísticos como Airbnb y Homeaway. Con una relación en la que la mayoría de encuentros se celebran en los juzgados, Bono tiene claro dónde está el límite: “simplemente les pedimos que los pisos que anuncien en sus webs estén dentro de la ley, reglados”.

De este modo, no se plantea la creación de una figura especializada en el home sharing, una de las grandes demandas de las plataformas. “Si dicen que la norma es para profesionales no lo acabo de entender, obtener una licencia es más fácil que cambiar un dato del recibo de la luz”, compara.

Mientras, el matrimonio de conveniencia con el consistorio sí da resultados a la hora de inspeccionar viviendas sospechosas de actuar sin permisos. “La colaboración entre ambos es total”, señalan tanto desde los organismos públicos como del sector privado. A lo largo de 2016, en Barcelona se abrieron 3.661 expedientes, revela Agustí Colom, concejal de Empresa y Turismo. A nivel catalán, el volumen de registros alcanzaba los 11.000 en el primer trimestre del año pasado.