París lleva a Airbnb a los juzgados
La alcaldía de París denuncia a Airbnb y otras plataformas por ofrecer viviendas que no están registradas por el Ayuntamiento
París se suma al listado de grandes ciudades (como Barcelona o Madrid) que redoblan las presiones contra las plataformas que promocionan viviendas ilegales.
El ayuntamiento de la capital francesa denunció a Airbnb, Wimdu y otras plataformas por presentar anuncios que no cuentan con el número de registro que la alcaldía exige desde diciembre.
Excusas de las plataformas
Según precisó el teniente de alcalde Ian Brossat, estas plataformas se excusan de que la ley “es complicada de aplicar”, y por ello no retiran los anuncios que ya habían sido advertidos por el consistorio.
Las plataformas argumentan que no cumplen con la ley porque es “muy complicada”
Brossat precisó que a todas las plataformas se les notificó a finales de 2017 la obligatoriedad de retirar las viviendas no registradas y, como varias no lo hicieron, han decidido recurrir a la Justicia.
Contraataque de Airbnb
Airbnb dijo que se limitó a comunicar a los anfitriones que tienen la obligación de contar con un número de registro oficial, pero no siguió la orden de retirar los anuncios observados.
Además, la plataforma respondió que la legislación parisina es “compleja, confusa y más adaptada a los profesionales que los particulares».
Camino a los tribunales
Airbnb y Wimdu concurrirán a los tribunales el 12 de junio, donde pueden ser sancionados con multas que van de los 1.000 a los 5.000 euros por día y por anuncio.
Ya el año pasado el ayuntamiento parisino multó a las plataformas con 1,3 millones de euros, y sólo en el primer trimestre del año, las sanciones se elevaban a 490.000 euros.
En Barcelona, el consistorio aplicó una sanción de 300.000 a Airbnb, y el gobierno de las Islas Baleares abrió expedientes por montos similares contra esta plataforma, Tripadvisor y Homeaway.
84% de viviendas fuera de la ley
El ayuntamiento parisino calcula que en la capital francesa hay cerca de 43.000 viviendas turísticas que se están comercializando sin estar registradas y que el 84% de las viviendas turísticas que se alquilan en su totalidad (no por habitaciones) no se ajustan a la legalidad.
