El veto de Palma a los pisos turísticos llega a los tribunales

La prohibición del ayuntamiento de Palma a los pisos turísticos puede acabar en los juzgados. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) podría denunciar al consistorio por “prevaricación administrativa” en el proceso de limitar estos alojamientos.

El gobierno de Palma, dirigido por Antoni Noguera (de la coalición mallorquina Més), prohibió el alquiler de viviendas a turistas en bloques de pisos.

La excepción son las casas unifamiliares, y las propiedades que se encuentran en el entorno del aeropuerto, y los inmuebles que no tienen usos residenciales ni turísticos, como los polígonos industriales.

“Medida radical”

La patronal de los alojamientos dijo, en un comunicado, que lamentaba que la ciudad balear sea la primera en adoptar “una medida tan radical y populista”, cuyo única causa –dijo su presidente Tolo Gomila– es “responder a motivaciones políticas”.

Fevitur dice que ve indicios de prevaricación administrativa en la prohibición de los pisos turísticos

Las palabras de Gomila al consistorio se mantuvieron en el mismo calibre. Afirmó que el gobierno de Noguera representa «la incapacidad de gestión de una minoría radicalizada, que por juegos de equilibrio parlamentario tiene responsabilidad en el gobierno municipal».

La referencia es a que Noguera asumió gracias a un pacto entre el PSOE, Més y Som Palma, firmado tras las elecciones autonómicas y municipales de 2015.

A tribunales

El titular de Fevitur anunció que no se quedarán de brazos cruzados y que estudian emprender medidas legales “ante los posibles indicios de prevaricación administrativa en todo el proceso”.

Gomila describió un panorama apocalíptico por la medida, que se deberá poner en marcha en julio. Dijo que será “un lastre” para la desestacionalización de la oferta turística, y que la prohibición tendrá consecuencias adversas para el comercio y la pequeña y mediana empresa balear.

Menos del 6% de las viviendas de Palma son legales, dice el consistorio

El presidente de la asociación confía en que la justicia pueda derogar la prohibición, y recordó que hubo sentencias favorables a su tesis en ciudades como Oviedo, Barcelona, Madrid y Valencia, donde había normativas más flexibles que la impuesta en Palma.

Palma se escuda en el freno a la especulación

El gobierno de Palma argumenta que la medida (que presenta como “regulación”) busca frenar la especulación que trajo la expansión de los pisos turísticos, cuya oferta creció un 50% en dos años, y que impulsó una subida del alquiler el 40% desde 2013.

De las 11.000 viviendas que se ofrecen en portales como Airbnb o Homeaway, menos del 6% (645 propiedades) cumplen con la normativa legal, dice el consistorio local.

El gobierno de Baleares había abierto procesos sancionadores contra plataformas como Airbnb, Homeaway y Tripadvisor por promocionar viviendas que no tenían autorización.