Colegios y residencias de estudiantes plantan cara a Colau

Residencia Sarrià, una de las entidades que integran la Asociación de Residencias de Estudiantes y Colegios Mayores de Cataluña.

Colegios y residencias de estudiantes plantan cara a Colau

El ayuntamiento amenaza con sanciones de hasta 600.000 euros por ofrecer sus habitaciones para estancias breves

Las residencias de estudiantes y colegios mayores de Barcelona pueden ser sancionados con multas de 30.000 a 600.000 euros. El ayuntamiento de Ada Colau quiere penalizarles por haber ofrecido sus estancias como alojamiento de corta estancia, lo que a ojos del consistorio constituría una violación a las normas de alojamientos turísticos.

Estas entidades reclaman la apertura de un diálogo al Ayuntamiento para evitar la imposición de unas sanciones que, dicen, pueden causar al sector "un daño irreparable".

En total hay 19 establecimientos que tienen la amenaza de la sanción, lo que representa a la mitad del sector en la ciudad, integrado por 38 residencias de estudiantes y seis colegios mayores que suman cerca de 6.000 plazas.

El Ayuntamiento sostiene que estos centros funcionan de forma encubierta como un establecimiento hotelero, una infracción que considera muy grave. Pero los establecimientos argumentan que "las estancias cortas son plenamente compatibles con la licencia" que poseen.

Empresarios del sector aseguraron a EFE que "desde hace décadas las residencias de estudiantes y colegios mayores han ofrecido habitaciones para cortas estancias", y que esta misma práctica se lleva a cabo en otras ciudades españolas y de Europa, sin que las administraciones hayan puesto impedimento alguno.

Las mismas fuentes recalcan, en cualquier caso, que el alquiler de habitaciones por días o semanas es residual y que esta actividad es precisamente la que garantiza la viabilidad económica del sector, ya que las necesidades de los estudiantes han cambiado y existe una gran temporalidad en el calendario académico.

"Si no podemos alquilar nuestras habitaciones por días, ¿qué hacemos en verano? ¿Y cómo podemos dar salida al alojamiento académico, de profesores o ponentes?", se pregunta un empresario, que recuerda la importancia social y económica de este sector, que emplea a unas 700 personas en Barcelona.

Las residencias denuncian que operan parcialmente en un contexto de "vacío legal", ya que la Ley Orgánica de Universidades que las regula "no concreta lo que pueden hacer y lo que no", y piden por ello a la Generalitat, órgano competente en la materia, que regule esta actividad.

Mientras esta regulación no llegue, los empresarios piden una tregua al Ayuntamiento de Barcelona y la apertura de una vía "franca" de diálogo que permita reconducir la problemática actual y aparcar la imposición de sanciones.