El alquiler turístico ilegal esconde a Hacienda 3.000 millones

Que 15 millones de visitantes decidan contratar entre particulares el alojamiento donde pasarán sus vacaciones en España genera un agujero de 3.000 millones de euros al año en impuestos. Aunque el principal problema del fenómeno del alquiler turístico ilegal es precisamente el censo, los hoteleros del país han calculado que el Estado deja de ingresar esa cantidad en IVA, rentas del trabajo e impuestos de sociedades.

El consenso de los analistas y estudios económicos cifra el volumen de la economía sumergida en el entorno del 20% del PIB, un montante de 200.000 millones. Puede que los alquileres ilegales parezcan una anécdota en proporción al impacto global de la actividad opaca al erario, pero para el sector es un auténtico quebradero de cabeza. No sólo denuncia competencia desleal, sino que advierte de la amenaza de la sobreoferta si el gobierno español opta por legalizarlo. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) se agarra al ejemplo catalán, una de las autonomías que ha ordenado la actividad.
 

 
En pocos meses han florecido 100.000 camas adicionales en la comunidad autónoma. Sólo en Barcelona, antes de la nueva norma de la Generalitat, había 65.000. El parque hotelero dispone de más oferta que demanda. “Ello nos garantiza que el 3 de agosto todo el mundo que quiera tenga un lugar donde pasar la noche, pero ¿qué haces con esa oferta en febrero?”. Las dudas son del secretario general de la patronal, Ramón Estalella.

La propuesta inicial del sector parece sencilla: escuchar y aprender de la experiencia de otras potencias turísticas. “No puedes ilegalizarlo como propone Berlín o algunas ciudades de Francia ya que los jueces rechazan esas medidas”, asegura Estalella. Advirtiendo de los peligros de la legalización sin más y conscientes de que la prohibición puede ser un callejón sin salida, los empresarios creen que cabe presionar para que las administraciones hagan un ejercicio pocas veces visto en España: un pacto para lograr una ley que regule estos alquileres, afectados por competencias –las turísticas— descentralizadas.

“El problema no es sólo autonómico, sino de toda España y del mercado global”. Algunas empresas que operan desde la presunta ilegalidad “tienen fundadores alemanes que acumularon un buen número de propiedades en nuestro país, que ahora alquilan a sus compatriotas sin que nada se decida aquí”. El ejemplo dado por Estalella redunda en algunos otros. Se han detectado inmobiliarias que alquilan a turistas más de 400 apartamentos. “Hay pocos hoteles con tanta capacidad”. Casos como estos cementan la demanda de “más inspecciones y sanciones”.
 

 
Por ahora, el gobierno que da pasos decidios en esta dirección es el catalán. El Ejecutivo autonómico ha incoado 130 expedientes esta temporada a webs intermediarias. Valencia, Baleares y Asturias también regulan la actividad. Internet ha permitido que eclosione una oferta para una demanda que existía, reconoce la Cehat. Es la de viajeros que buscan alternativas a los hoteles cuando viajan. “Antes, este ejercicio era más complicado”.

Así que los empresarios españoles, sin ser una excepción en el mercado internacional, asisten a un trasvase de clientes que ha dejado anticuada la legislación existente. El encaje del nuevo fenómeno perece complicado –destacan los especialistas consultados—, aunque da respuesta a un contexto dinámico que se alimenta de las nuevas tecnologías y de los actuales hábitos de consumo.