El sector de la hostelería pasa revista a los problemas del modelo Airbnb

El sector hostelero de Cataluña ha sacado las uñas. Las afirmaciones del director general de Airbnb en España y Portugal, Jeroen Merchiers, en La Vanguardia donde indicaba que su modelo de negocio se puede regular según legislación han sentado mal. Tanto, que la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartaments Turístics de Catalunya (CEHRATC) ha pasado revista a los problemas que se desprenden de este modelo de negocio.
      

 
El organismo, que agrupa a las principales asociaciones hoteleras, de restauración y turísticas de Cataluña, asegura en un comunicado que está totalmente en contra de considerar el alquiler de habitaciones por días en domicilios privados como oferta reglada de alojamiento. En la actualidad, portales como Airbnb, Windu o Alterkeys operan sin problemas gracias al vacío legal existente. Además generalmente se escudan en que la obligación de cumplir la ley es asunto de los anfitriones. “Si cumplen o no, es su decisión, no nuestra”, asegura Merchiers en la entrevista con el rotativo.

En su memoria anual sobre Barcelona, Airbnb asegura que su forma de turismo sostenible basado en la comunidad beneficia a la ciudad en tres aspectos destacables: respaldo a las familias; aumento y diversificación del turismo de calidad; y dinamización de los barrios. La capital catalana recibió 170.290 huéspedes en 2013, que generaron un impacto económico de 128 millones, según los cálculos de Airbnb. Una cifra respetable pero muy distante a los 416.000 huéspedes y 461 millones de euros que dejó en Nueva York.

No obstante, estas bondades contrastan con la opinión de la CEHRATC. “Esta modalidad de alojamiento turístico no está condicionada a las medidas de seguridad exigidas a los establecimientos hoteleros y, por tanto, pondrían en evidente riesgo a las personas que se alojen”, indican. También apuntan la dificultad para controlar la salubridad de las viviendas.
      

 
También alertan del riesgo de que esta fórmula puede suponer para los puestos de trabajo de las miles de personas que actualmente están implicadas laboralmente en el sector turístico. Además señalan del peligro de precarización y falta de control de los derechos de estos. En este sentido, apuntan a que las pensiones son el tipo de alojamiento más afectado por su irrupción en el mercado.

En el argumentario también se indica la voluntad de los empresarios firmantes de erradicar la economía sumergida que estas actividades no controladas producen, dado el escaso seguimiento que se puede hacer de obligaciones tributarias y liquidación de impuestos como, entre otros, la tasa turística.