Guerra verbal por la vivienda vacacional en Canarias

Guerra verbal por la vivienda vacacional en Canarias

Los hoteleros avisan "echará al traste" el sector turístico del archipiélago si el gobierno regional la regulariza mañana

Ignasi Jorro

Barcelona

22/09/2015 - 13:38h

El Gobierno canario tumbará mañana un decreto que impide alquilar los chalés entre particulares

Escalada verbal en el conflicto por la vivienda vacacional en Canarias. Los hoteleros del archipiélago han alertado hoy que regularizar esta práctica "echará al traste" la creación de empleo turístico en el archipiélago. Las palabras del presidente de la patronal hotelera de Tenerife, Jorge Marichal, llegan un día antes de que el Parlamento canario suspenda un decreto que prohíbe esta práctica. 

"Se pondrá en tela de juicio un modelo que ha venido funcionando en las islas", ha asegurado el directivo. Bajo su punto de vista, la suspensión "abre la puerta a la competencia desleal", lo que causará que "cierren" negocios de apartamentos turísticos, ha indicado a Europa Press.

Piden ser regulados 

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), por su parte, responde que "sólo quiere regularizar su situación". Su portavoz, Doris Borrego, ha asegurado a 02B que la vivienda vacacional y otros tipos de alojamientos "han convivido sin problemas durante años en Canarias".

La entidad, que representa a unas 53.000 familias del archipiélago, asegura no oponerse a los apartamentos para turistas reglados (con unidad de explotación), por lo que rechaza ser "competencia desleal". 

En el mismo sentido, Borrego ha invitado al presidente de la patronal hotelera a un foro sobre la materia que Ascav celebrará en octubre.

Se suspenderá 

El miércoles, el Parlamento canario suspenderá el reglamento y el capítulo sancionador del reglamento 113/2015. La norma, aprobada antes de las elecciones autonómicas, prohíbe el uso de viviendas residenciales como turísticas, una actividad que se produce en el archipiélago desde hace décadas.

En cuanto a sanciones, el decreto fija multas de 30.001 a 300.001 euros para los canarios que alquilen sus viviendas a otros particulares.