Colau aprueba, al fin, el plan hotelero que cerrará el centro de Barcelona
La alcaldesa prohíbe la apertura de nuevos establecimientos pero admite la reforma de los alojamientos ya existentes, una demanda del Gremi d'Hotels
Fin de la moratoria y la incertidumbre en Barcelona. Tras un año y medio en el cargo, la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, ha logrado aprobar el plan hotelera que ordenara los alojamientos turísticos en la capital catalana. No ha habido sorpresas: BComú, PSC y ERC han votado a favor, la CUP se ha abstenido y CiU, C’S y el PP se han opuesto.
De este modo, la urbe mediterránea ha establecido cuatro zonas para canalizar la oferta. En la más céntrica estará prohibida la apertura de nuevos alojamientos y cuando cierre uno –algo muy improbable a día de hoy— no se podrá sustituir. La primera corona también verá cerrada las inauguraciones pero ante el fin de actividad de un establecimiento se podrá abrir uno nuevo.
El tercer anillo permitirá un crecimiento contenido siempre que no se supere el número máximo de plazas disponibles: 456 en Sants, 1.464 en Les Corts y Sarrià, 564 en Gràcia y Horta, 1.045 en Nou Barris y Sant Andreu y 501 en Sant Martí. Mientras, se han establecido tres zonas con una regulación específica: el 22@, La Sagrera y la Marina del Prat Vermell.
Sin embargo, el Gremi d’Hotels ha visto como se ha atendido una de sus mayores demandas como era la permisión de realizar reformas en los hoteles ya existentes. Las remodelaciones estarán permitidas siempre que no afecten a la estructura y no sumen nuevas camas.
La patronal hotelera ha emitido un comunicado lamentando que el decrecimiento turístico no es una opción y que el plan debería ordenar la oferta de la ciudad. No obstante, los propietarios barceloneses son unos de los grandes beneficiados del proyecto: No se toparán con más competencia y podrán actualizar sus establecimientos.
La otra patata caliente es la de los pisos turísticos. El consistorio permitirá 400 nuevas viviendas turísticas siempre que se ubiquen en las afueras de la ciudad y no sustituyan suelo residencial en el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT).
No se trata de un cheque en blanco al colectivo. El gabinete liderado por Ada Colau advierte que para tramitar los permisos es necesario que la Generalitat otorgue más competencias a la hora de otorgar nuevas licencias a la capital catalana.
Mientras, Barcelona en Comú ha pactado con ERC el aumento de los inspectores municipales para controlar los pisos turísticos, que pasarán de los 20 actuales a 40 este año, y llegar a 110 en un año, lo que permitiría emitir más de 3.000 órdenes de cierre de estos pisos que sean ilegales hasta que termine el actual mandato.
