Un príncipe saudí acusa a Gaspart de estafarle 15 millones

El príncipe saudí Turkin Bin Nasser se querella contra Joan Gaspart por ocultarle las deudas de 15 millones del hotel Juan Carlos I y el Palacio de Congresos

El príncipe saudí Turkin Bin Nasser se querella por estafa contra Joan Gaspart. Desde su sociedad Barcelona Project’s, Bin Nasser acusa al empresario hotelero catalán de ocultarle las deudas millonarias del Complejo Real en el que confluyen el hotel Juan Carlos I y el Palacio de Congresos.

En Barcelona Project’s, Gaspart ocultó las deudas que contrajo con sus mercantiles HUSA y Banquetes Reunidos SL, según el despacho de abogados Amparo Legal, responsable de la acción.

La querella se interpuso en los juzgados de Barcelona y pide como medida cautelar que se acuerde una fianza a Gaspart por 16,6 millones de euros, correspondientes a las deudas de 15 millones supuestamente ocultadas y ahora derivadas por la Seguridad Social y a los 1,6 millones de una hipoteca apropiada indebidamente.

“No tiene ninguna base”, se defendió Gaspart. El empresario afirma que su intervención fue “correcta” y que cuando alcanzó un acuerdo para finalizar la gestión se firmó un contrato en el que se cuantificaron las deudas.

El préstamo de 1,6 por el que se querella el príncipe saudí tenía como garantía el Palau de Congresos

Gaspart empleó un acuerdo de resolución de contrato donde se fijaba un precio “que en modo alguno habría sido el mismo de no haber existido el engaño omisivo”, según la querella.

El príncipe manifestó que Husa y la familia Gaspart, «prevaliéndose de su reconocimiento social y empresarial, malbarataron por completo el complejo, buscando su propio beneficio, llegándose a apropiar importantes sumas de dinero, e incumplieron todas sus obligaciones y las que existían frente a terceros, hasta llevar al Complejo al borde de la quiebra total».

Además, la querella relata que, aprovechando su situación, Gaspart y su familia solicitaron un préstamo con garantía hipotecaria por 1,6 millones de euros, en el que pusieron como garantía el Palau de Congresos «sin el consentimiento y ni siquiera el conocimiento de Barcelona Project’s», aprovechándose de unos poderes otorgados en el pasado.

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