La Ley de Competencia, clave contra los pisos turísticos ilegales
La crisis e internet han propiciado un crecimiento del número de turistas alojados en pisos turísticos ilegales. El despacho Tourism & Law analiza como combatir esta situación
El alojamiento turístico ilegal es una realidad. El despacho Tourism & Law calcula que 5,7 millones de personas se alojaron en viviendas particulares durante este 2012. La cifra representa un 15% más que un año antes. ¿Cómo puede combatir este fenómeno el sector hotelero?
El director general de la firma Javier del Nogal, explica que la mejor forma para hacerlo es mediante la Ley de Competencia. «Se puede denuncia siempre que se demuestre que estos alojamientos tienen una venta competitiva y significativa frente al resto», explicó el letrado en unas conferencias organizadas por su bufete y el Gremi d’Hotels de Barcelona la semana pasada.
No obstante, Del Nogal invitó a la reflexión a los presentes. «¿Los turistas que van a esos apartamentos son el tipo de cliente que podría pagar más para ir a un hotel o un apartamento reglado?», dijo.
Del Nogal considera que el crecimiento de los turistas que se alojan en viviendas particulares viene propiciado por la crisis y por las facilidades que ofrece Internet para poner en contacto directo a las personas que buscan alojamiento.
Perseguir la distribución digital
El letrado puso énfasis en que no sirve de nada perseguir a los distribuidores digitales que albergan en sus páginas webs estas ofertas. «La Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España deja mucho espacio para la maniobra», explicó.
Así, estas compañías sólo albergan información de terceros, por lo que no son responsables. De Nogal indicó que se les puede pedir que revisen los contenidos pero no exigir.
¿Quién legisla?
El director general de Tourism & Law también apuntó a otro factor clave para entender la situación actual del mercado vacacional. El Congreso modificó en junio la Ley de Arrendamientos Urbanos, traspasando la regulación de este tipo de alojamiento a las comunidades autónomas.
Por ahora, tan sólo Baleares, Catalunya, Comunidad Valenciana y Asturias han aprobado leyes. El resto de España tiene ahora mismo un vacío legislativo.
