La tasa turística entra en vigor en Cataluña sin el apoyo del sector

La tasa turística en Cataluña ya es efectiva. El impuesto sobre pernoctaciones en hoteles ha entrado en vigor este jueves sin el apoyo unánime del sector, con varios meses de retraso y después de perder poder recaudatorio por la subida del IVA del 8% al 10%. De hecho, la tasa cuenta con tan poco apoyo que ha sido ratificada esta misma semana sólo por CiU cuando unos meses atrás existía cierta aceptación política.

El objetivo de la tasa es nutrir un fondo para fomentar el turismo que en un primer momento se estimó sobre los 100 millones de euros. Sin embargo, tras la subida del IVA se recaudará menos ya que el Govern ha decidido que ese aumento no recaiga directamente en el consumidor. Así, la previsión del ejecutivo catalán apunta ahora a los 50 millones de euros.

Las tasas y el caso de BCN

La tasa funciona mediante un impuesto que deberán abonar todas las personas mayores de 16 años que se alojen en un establecimiento turístico catalán. En Barcelona, los hoteles de cinco estrellas y cruceros deberán facturar a sus clientes 2,5 euros por noche; los hoteles de cuatro, 1,25 euros y en el resto de establecimientos, 0,75 euros; mientras que en el resto de Cataluña los hoteles de cinco estrellas y cruceros abonarán 2,5 euros, los hoteles de cuatro estrellas 1 euro, y en el resto de locales 0,5 euros.

Al recaudar más, la capital catalana recibirá el 34% de la tasa turística, y la mitad será para promoción que realice Turisme de Barcelona y la otra para fomentar el turismo responsable, protección del patrimonio y la mejora de la calidad de vida en las zonas con más visitantes.

Debate político

La mayor parte de formaciones políticas en el Parlament se han mostrado muy críticos porque la recaudación prevista en un inicio se haya reducido casi a la mitad. Por su parte, el PP se ha mostrado contrario ya que, según dice, supone un lastre para el sector.

El sector turístico catalán mostró un rechazo frontal ante la tasa cuando el Gobierno catalán la anunció a finales del año pasado, ya que afecta al precio final y discrimina a los alojamientos catalanes de los del resto de España. Desde los hoteleros de Barcelona hasta las asociaciones de cámpings y casas rurales han criticado la medida.