Las hoteleras españolas temen una ola de expropiaciones en Cuba

Meliá, con 32 hoteles operativos y siete más en construcción, e Iberostar, con 21 establecimientos, son las principales hoteleras españolas que operan en Cuba, las principales damnificadas de la previsible ola de demandas de particulares y empresas estadounidenses expropiadas por el castrismo.

Ambas empresas están contratando los servicios de varios despachos de abogados para preparar un nuevo escenario económico en Cuba, tras endurecer Donald Trump el embargo sobre la isla y abrir la puerta a reclamaciones sobre propiedades confiscadas con la llegada al poder de Fidel Castro.

El senador republicano por Florida y presidente del Comité de Inteligencia del Senado Marco Rubio es el principal impulsor de las reclamaciones por parte de cubanos en el exilio y también de la propia Administración estadounidense

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Escalada de tensión

El Gobierno de Trump anunció el pasado 4 de marzo que prorrogaría un mes más la suspensión del título III, congelado desde la aprobación de la Ley Helms Burton en 1996 y que permitirían interponer demandas a dichas empresas españolas.

La ley nunca llegó a aplicarse, prorrogada sucesivamente desde esa fecha. Y, sin embargo, 2019 ha traído un nuevo escenario. La última prórroga fue de solo 45 días, en lugar de seis meses como venía siendo habitual, y expira el 17 de abril, un movimiento que se interpreta en clave de presión.

De los 84 hoteles de la empresa estatal de turismo Gaviota, cuya gestión se cede a operadores extranjeros, hasta 12 están en manos de Meliá a Iberostar, y son los activos susceptibles de recibir demandas

Al frente de la maniobra se sitúa, según informa Cinco Días, el senador republicano por Florida y presidente del Comité de Inteligencia del Senado Marco Rubio, impulsor de las reclamaciones por parte de cubanos en el exilio y también de la propia Administración estadounidense.

Hoteles españoles en Cuba

Los afectados ya pueden reclamar los bienes confiscados por el castrismo. Uno de los supuestos contempla que la empresa contra la que dirige su demanda figura en la lista de “personas restrigidas cubanas” en la que se encuentra, entre 205 entidades, Gaviota, el grupo de turismo que depende del conglomerado empresarial del Ejército cubano.

De sus 84 hoteles en la isla, cuya gestión se cede a operadores extranjeros, hasta 12 están en manos de Meliá a Iberostar, y son los activos susceptibles de recibir una demanda, especialmente si a partir del 17 de abril se activa el capítulo III.

En la actualidad existen alrededor de 6.000 reclamaciones por bienes expropiados en Cuba por un importe que alcanza los 7.959 millones de euros, aunque el importe global podría ser muy superior

En la actualidad existen alrededor de 6.000 reclamaciones por bienes expropiados por un importe que alcanza los 9.000 millones de dólares (7.959 millones de euros), aunque el importe global podría ser muy superior.

Según los expertos, sin embargo, es “poco probable” que las demandas fructifiquen y se activen las expropiaciones, aunque sí se podrían aprobar nuevas medidas de presión económica.

Más medidas de presión

Según Hermenegildo Altozano, socio del despacho Bird & Bird, “veo altamente improbable que uno de los reclamantes certificados pueda iniciar el proceso de reclamación, pero si lo hiciera eso podría generar un deterioro de la calificación crediticia de las compañías y podría provocar un recorte de las líneas de crédito a las empresas españolas”.

El pulso estadounidense a las empresas españolas tiene más derivadas, ya que tanto Meliá como Iberostar cuentan con hoteles en el país cuyos activos podrían ser embargados por la Administración 

En todo caso, el pulso estadounidense a las empresas españolas tiene más derivadas, ya que ambas cuentan con activos en el país (Meliá tres establecimientos en Nueva York, Miami y Orlando e Iberostar otros dos en Nueva York y Miami). En caso de ponerse en marcha las demandas, la Administración de Donald Trump podría incluso embargar flujos de caja o activos de estas empresas en su país.

Como respuesta a estas nuevas amenazas desde España se ha reclamado activar un estatus de la UE (artículo 6 del Blocking Statute) que permite a los estados miembros aplicar acciones jurídicas a las empresas estadounidenses que demandan sobre las propiedades en Cuba.