Madrid legaliza el alquiler turístico

Madrid legaliza el alquiler turístico

La estancia mínima será de cinco noches y se exigirá la inscripción en el registro de empresas turísticas

Ismael García Villarejo

Madrid

10/07/2014 - 21:06h

La Comunidad de Madrid ha adaptado la legislación autonómica para encajar el cada vez más importante fenómeno del alquiler turístico de viviendas. En la región se contabiliza un censo de 8.000 pisos destinados a este negocio. Sus propietarios deberán añadirlos al registro de empresas turísticas y variar la modalidad de negocio.

Tras la aprobación definitiva del texto en la Asamblea, este tipo de alojamiento sólo se podrá ofrecer a partir de cinco noches. Con este gesto, el gobierno de Ignacio González (PP) pretende conciliar los intereses del gremio hotelero. La media de pernoctaciones para este tipo de inmuebles en la capital española es de dos noches.
 
 
Madrid da luz verde, como es el caso de los hoteles, a una clasificación de categorías en función del servicio
 
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño (PP), asegura que la nueva regulación permitirá proteger los derechos de los usuarios, acabar con la competencia desleal y “el intrusismo”. La ley pretende aportar su grano de arena en la creación de empleo, según el Ejecutivo local.

Los propietarios que quieran continuar en el negocio del alquiler turístico --cumpliendo la ley-- deberán presentar una declaración de responsabilidad. También tendrán que demostrar que el piso susceptible de comercialización no es residencia permanente, que en el bloque tampoco hay vecinos residenciales y que se alquilarán los apartamentos al completo.

Quienes cumplan estos requisitos exhibirán una placa distintiva de la Comunidad. Los inspectores comprobarán la capacidad mínima, el régimen de precios y la ratio de habitaciones adaptadas. Madrid aprueba, como es el caso de los hoteles, una clasificación de categorías en función del servicio que ofrezca el propietario: irán de una a cuatro llaves. La iniciativa legislativa contrasta con la mano dura desplegada por otras regiones, como Catalunya.