Madrid prepara la batalla contra Airbnb

Madrid prepara la batalla contra Airbnb

La comunidad elabora un proyecto de ley que impedirá el alquiler de viviendas privadas a turistas

Piso en alquiler
La Comunidad de Madrid ha elaborado un proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos que impedirá el alquiler de viviendas privadas a turistas. La normativa, en caso de aprobarse, sólo permitiría arrendar a los viajeros inmuebles de uso terciario (como los hoteles), cuyos propietarios tengan una licencia de actividad.

De esta forma, según reveló la web Idealista, la mayoría de los particulares quedarán automáticamente fuera.

El Ejecutivo madrileño impediría de esta forma que un particular alquile dentro de la comunidad habitaciones o viviendas, una práctica que se suele llevar a cabo a través de webs como Airbnb u otras similares. 
 
La regulación de los alquileres privados a turistas depende de cada autonomía
 

Desde el pasado junio, las rentas de viviendas privadas a turistas han dejado de estar amparadas por la ley estatal de alquiler y su regulación depende de cada autonomía.

En concreto, la famosa página de alquiler vacacional desembarcó en España en febrero del pasado año. Desde entonces, los usuarios de Airbnb crecieron exponencialmente dentro del país. El portal tiene listadas más de 15.000 camas a precios asequibles en España y Portugal.

Airbnb está presente en 192 países, en los que se alquilan más de 500.000 habitaciones o camas. Cualquier puede subarrendar una habitación a través de la web, que únicamente exige que la vivienda tenga electricidad. 
 
El alquiler turístico ilegal genera un agujero de 3.000 millones, según el sector
 

El problema de la publicidad en Internet de apartamentos turísticos ilegales no es nuevo. Ya en octubre, el Fiscal General de Nueva York (Estados Unidos) ordenó a Airbnb entregar los datos de 15.000 usuarios que alquilan habitaciones por días o semanas.

La orden partió de una investigación contra las prácticas abusivas en el alquiler convencional.

Los profesionales del sector hotelero calculan que el alquiler turístico ilegal general un agujero de 3.000 millones de euros al año en impuestos.