Montoro refuerza los controles sobre Airbnb

Una de las oficinas de Airbnb.

Montoro refuerza los controles sobre Airbnb

Hacienda exigirá que las plataformas de viviendas informen sobre los ingresos que han obtenido sus anfitriones por alquilar a turistas

 

La sentencia contra Uber en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que lo considera como una empresa de transporte y no como un servicio de intermediación, ha desatado diversas acciones para controlar a otras plataformas de economía colaborativa, sobre todo las relacionadas con el alojamiento.

El ministerio de Hacienda espera lanzar, en pocas semanas, un decreto que obligará a plataformas como Airbnb, Home Away, Niumba y otras a presentar informes periódicos sobre las personas que ofrecen alojamiento. Más concretamente, la cartera de Cristóbal Montoro quiere saber cuánto dinero han recaudado, qué cantidad de días han alquilado la vivienda y los datos completos de los propietarios, desde el nombre y apellido hasta la clave de identificación fiscal.

Hacienda quiere que las plataformas informen cuánto han recaudado sus anfitriones

La presión de Hacienda se suma a las tareas de seguimiento de la actividad que hizo la Agencia Tributaria en la campaña de la renta del año pasado, en la que avisó a 21.500 contribuyentes que tenía constancia de que habían alquilado un inmueble y que tenían que incluir el dinero recaudado en la declaración de impuestos.

Exceltur culpa de la masificación

Esta normativa comenzaría a aplicarse el 1 de julio del próximo año. Para Exceltur, la medida es un paso “muy importante” en la erradicación de la opacidad fiscal y la falta de cumplimiento de la normativa que regula los alojamientos turísticos”.

La patronal recuerda que el año pasado realizaron un estudio centrado en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Valencia y Palma, en el que concluyeron que “el crecimiento descontrolado” de las viviendas de uso turístico, al calor de las nuevas plataformas tecnológicas, es el principal motivo de la congestión turística diversos puntos de España, y que ha derivado en episodios de “contestación social” a la actividad. O sea, lo que se conoció como ‘turismofobia’.

Esta tesis es rechazada por Airbnb y otras plataformas, que sostienen que su actividad ofrece un servicio que mejora la oferta de alojamiento de las ciudades. Además aseguran que incentiva el turismo rural y la economía de las pequeñas poblaciones donde no hay alojamientos o su presencia es muy exigua.

Exceltur espera que el Gobierno traslade al sector del alojamiento turístico los principales puntos que surgen de la sentencia contra Uber. Ya algunos pasos se dieron en Madrid, donde la Comunidad Autónoma prepara un decreto en el que las plataformas de alquiler se reconocen como empresas turísticas y no como meros intermediarios. Esto implica tener los mismos derechos y obligaciones que las otras empresas del sector, lo que significa que en caso de faltas muy graves, pueden apercibir sanciones de hasta 300.000 euros.