Sánchez e Iglesias impulsan el veto vecinal a los pisos turísticos

Un edificio de pisos turísticos en Barcelona | Flickr.

Sánchez e Iglesias impulsan el veto vecinal a los pisos turísticos

El acuerdo para los presupuestos generales contempla el cambio normativo que permitirá a los vecinos prohibir el alquiler turístico en sus comunidades

Los vecinos podrían estar más cerca de decidir si en sus comunidades pueden operar pisos turísticos. El acuerdo presupuestario entre el gobierno y Podemos contempla que en 2019 se modifique la normativa del alquiler para que las comunidades de propietarios puedan prohibir la actividad de los pisos turísticos o fijar determinadas condiciones.

El gobierno cambiará la normativa del mercado del alquiler inmobiliario para poner techo a las “subidas abusivas” de precios de alquiler en determinadas zonas y habilitará a los ayuntamientos para la elaboración de un índice de precios de alquiler de referencia de acuerdo a una metodología objetiva y sujetos a revisión periódica, según recoge EFE.

El acuerdo presupuestario compromete al ejecutivo a que garantice el cambio normativo sobre pisos turísticos a lo largo de 2019

Compromiso para 2019

El acuerdo presupuestario compromete al ejecutivo a que garantice estos puntos a lo largo de 2019, entre los que destaca también que los consistorios puedan declarar de forma temporal y excepcionalmente una zona urbana "tensionada" por tener precios abusivos que obstaculizan el acceso a estos pisos.

Poner techo a las subidas abusivas de alquiler era una de las condiciones que había pedido Unidos Podemos como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los presupuestos de 2019

"El incremento de los precios de alquiler y la limitación de oferta para uso residencial es especialmente grave en algunas ciudades como consecuencia del uso turísticos de los alojamientos", señala el documento de 50 páginas firmado esta mañana en Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Poner techo a las subidas abusivas de alquiler era una de las condiciones que había pedido Unidos Podemos como requisito indispensable para cerrar el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019.

Veto a los pisos turísticos

El gobierno, por su parte, ya había adelantado en el grupo de trabajo sobre viviendas turísticas (VUT), que contempla modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para acotar el arrendamiento de temporada y la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), así como la creación de un registro único estatal y una definición de piso turístico.

Con la modificación normativa, las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple de 3/5 el establecimiento de pisos turísticos en su edificio

Con la modificación de estas normas, las comunidades de vecinos podrán prohibir por mayoría simple de 3/5 el establecimiento de pisos turísticos en su edificio.

Pocos días después, a finales de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña echó un jarro de agua fría sobre las pretensiones de las comunidades de vecinos al dictaminar que pueden cambiar los estatutos para prohibir los apartamentos vacacionales, pero que esta decisión no puede tener efecto en el propietario que adquirió su piso sin ninguna restricción de uso, y más si ya tiene la licencia aprobada.

Viviendas vacías

El pacto contempla también un aumento en 20.000 del número de viviendas en alquiler a precios asequibles a lo largo de un plan a cuatro años, propuesta que el PSOE avanzó cuando todavía estaba en la oposición.

Aunque no se establece la obligatoriedad de que el denominado banco malo, la SAREB, pueda ceder de los pisos que tiene para el alquiler, el acuerdo sí plantea que se elabore un plan de actuación de este organismo con el fin de garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.

En total, el presupuesto consigna para 2019 un aumento progresivo en materia de vivienda de 630 millones de euros lo que supone un incremento del 38 %, que se elevará a 700 millones en 2020 y a 1.000 millones en 2021.