Santiago detecta 717 viviendas turísticas ilegales

El Ayuntamiento de Santiago inició las inspecciones sancionadoras tras descubrir 717 anuncios de viviendas para uso turístico sin registrar, lo que supone un total de 3.188 plazas.

Según cálculos de la propia administración, el fraude en estos pisos, que se concentran en el casco histórico de la ciudad, supone un impacto económico de más de 8,5 millones de euros sin fiscalizar.

El ayuntamiento ha puesto en marcha un plan para concienciar a los ciudadanos sobre los problemas que genera el alquiler turístico

Por el momento el ayuntamiento ha abierto dos expedientes sancionadores, aunque no ha interpuesto ninguna multa. En caso de que los denunciados persistan con la actividad, se pueden enfrentar a multas entre 300 y 30.000 euros.

La concejala de turismo del Ayuntamiento de Santiago, Marta Lois, aseguró que hay que concienciar a los vecinos sobre esta problemática municipal: “el alquiler ilegal encarece los apartamentos de la ciudad y expulsa a los vecinos de la zona”.

El edil de Santiago asegura que es imposible que una familia se establezca en el casco antiguo de la ciudad

Asimismo, Lois incidió en la problemática económica que genera el alquiler turístico ilegal: “Más allá de que son ingresos sin fiscalizar, este alquiler constituye un modelo de competencia desleal para el sector hotelero”.

El ayuntamiento puso fin a la campaña de advertencia y concienciación que lanzó el pasado 6 de julio y que tenía por objetivo concienciar a la población sobre la necesidad de establecer un modelo turístico sostenible.

Las competencias pertenecen a la Xunta

Por su parte, el edil de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte manifestó su disconformidad sobre el auge de precios en la ciudad: “hoy en día resulta imposible encontrar una vivienda asequible para una familia que quiera establecer su residencia en la zona vieja de Santiago”.

Duarte, asimismo, se mostró crítico con el reparto de competencias: “A nosotros tan sólo nos conciernen las responsabilidades urbanísticas, las competencias turísticas corresponden a la Xunta de Galicia”.

“Es necesaria una normativa más justa y rigurosa que limite el número máximo de pisos turísticos en las ciudades”, aseguró Duarte. Por lo pronto, el consistorio ha inspeccionado algunos domicilios para asegurar el uso residencial y eliminar toda sospecha de actividad turística ilegal.