Un cuarto de las comunidades de vecinos de Barcelona no quiere pisos de turistas

Una de cada cuatro comunidades de vecinos en Barcelona quiere vetar los apartamentos turísticos. Lo quieren hacer a través de sus estatutos, un proceso complejo pero que prevalece por encima de los derechos de los propietarios, informan los administradores de administradores de fincas. Precisamente, estas agencias notan un «aumento» de las peticiones y vaticinan que irán a más tras el conflicto estival en el barrio de Barceloneta.

«La mitad de comunidades de vecinos tienen pisos turísticos. De éstas, un 50% quieren vetar este uso a través de sus estatutos», informa Manolo Sancho, miembro de la junta del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona. Pero, ¿qué les mueve a hacerlo? «Los pisos turísticos significan ruido, molestias, maletas, etc. Aunque no se alquilen a jóvenes, conviven mal con el uso residencial», añade Rafael Martínez, responsable de comunidades de Fincas Marhuenda.

Un proceso largo

Aun así, el proceso para expulsar los alojamientos turísticos es complejo. «Se basa en el cambio de los usos de las viviendas previsto en el Código Civil. Requiere el sí del 80% de los propietarios y que se inscriba en el Registro de la Propiedad», explica Sancho.

El resultado es inapelable. «Impide nuevas nuevas licencias, aunque no afecta las existentes», advierte Martínez. En conjunto, los trámites hacer efectivo el veto a los apartamentos turísticos pueden demorarse hasta un año y su coste total asciende a unos 5.000 euros, a repartir entre toda la comunidad.

Este blindaje encuentra en estos momentos un contexto favorable en Barcelona, la ciudad española donde el problema de los apartamentos turísticos ha adquirido mayores dimensiones. El consistorio ha alzado una moratoria contra nuevos apartamentos en los barrios de l’Eixample, Gràcia, Sant Martí y Ciutat Vella. Los barrios más castigados por el alquiler vacacional suman buena parte de las 7.480 licencias que existen en la capital catalana.

Obstáculos

No obstante, blindarse contra estos pisos no es un camino fácil de transitar. «El consentimiento de 4/5 de los vecinos es difícil de alcanzar. Además, no todos los registradores aprueban inscribir el cambio», admite Sancho. ¿El motivo? Algunos creen que estos acuerdos limitan los derechos de uso de los propietarios.

Además, el proceso no blinda contra los pisos irregulares o los alquileres entre particulares tipo Airbnb.

Aun así, el interés en cambiar -o crear- estatutos ha aumentado. También lo aviva el Ayuntamiento de Barcelona, que ha enviado circulares en ese sentido a los administradores de fincas. Los expertos, sin embargo, trazan el marco deseado. «Lo ideal sería que vecinos y turistas no tuvieran que coexistir en una misma escalera. Pero como los usos están mezclados, ésta es una posible vía», concluye Martínez.