Los entresijos del lío judicial en Turespaña

El cambio de legislación a la hora de colocar a los embajadores turísticos lleva el caso al Supremo, que debe fallar este verano

El funcionamiento de Turespaña en el exterior está en juego. Un grupo de funcionarios ha puesto en jaque al Real Decreto 217/2015 que intenta abaratar el acceso a las embajadas turísticas. A la espera del Tribunal Supremo, que ha aceptado la demanda interpuesta, la organización acelera para colocar a representantes en siete consejerías repartidas por el mundo antes de que un hipotético fallo corte las alas al nuevo plan.

Las plazas en liza abarcan las oficinas de Dublín, Sao Paulo, Emiratos Árabes, Buenos Aires, Londres, París y Nueva York. Fuentes del interior de la administración explican a Cerodosbé que la resolución de la convocatoria estaba fijada para la última semana de mayo. Sin embargo, la reunión de la Comisión Asesora de Destinos en el Exterior se suspendió el mismo día que varios medios informaron de que Marta Trillo, hija del antiguo ministro de Defensa y actual embajador en Londres, aspiraba a una plaza en la delegación de la capital británica.

Voces críticas con la normativa lamentan que el concurso se realiza «deprisa y corriendo» para evitar un posible cerrojazo judicial. Además, lamentan la falta de publicidad a la que está sometido el proceso liderado por Marta Blanco, directora general de Turespaña. Mientras, señalan que la legislación aprobada ha provocado que una decena de funcionarios interesados por ocupar uno de estos cargos pero sin todavía la experiencia necesaria -se estaban formando- hayan abandonado la carrera turística.

Convocatoria excepcional

Con un gobierno en funciones, a muchos les extrañó que el pasado 30 de abril el Boletín Oficial del Estado publicará la oferta de empleo. Más al tener en cuenta que, según la ley, las convocatorias deberán resolverse antes del 1 de mayo «salvo circunstancias excepcionales». El propio texto reconoce que no se cumplirán los plazos debido a que es la primera «en la que se aplica íntegramente el nuevo proceso establecido en el nuevo Real Decreto, y a los plazos necesitados para disponer de los informes necesarios recabados para proceder a realizar esta convocatoria».

La asignación de embajadas puede demorarse en esta ocasión hasta el 18 de julio. La administración abrió una ventana de 15 días hábiles para presentar las solicitudes y posteriormente se guardó un mes para determinar los cargos. Un periodo que puede prolongarse otro mes si así se requiere. Aun así, los críticos con el Real Decreto advierten: «No se esperarán tanto, se resolverá antes para evitar que el Supremo tumbe la ley».

Una ley «que favorece el dedazo»

El Tribunal ha aceptado la demanda a la que ha tenido acceso Cerodosbé. Al tratarse de un asunto de tramitación urgente, la Asociación de Administradores Civiles del Estado Especializados en Turismo (Acestur) -los demandantes- aspira a que se resuelva en el mes de julio como tarde. Por el momento, no existe ni fecha para la vista, teóricamente prevista para finales de junio.

Hasta la primavera de 2015, los requisitos para ejercer de consejero en una de las delegaciones de Turespaña eran muy restrictivos. El Gobierno exigía ser funcionario del grupo A, haber trabajado en otra administración turística, conocer el idioma del destino y tener una experiencia de dos años «directamente relacionada con la actividad turística».

Sin embargo, el polémico decreto 217/2015 recortó las exigencias. Ahora, para dirigir una de las oficinas sólo es necesario pertenecer al subgrupo A1 del funcionariado y conocer la lengua del país designado. Entran en juego criterios subjetivos como «la formación y experiencia acreditada en las materias a tratar».

 

 

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