El juez evita que el Estado se 'coma' las autovías en quiebra

El juez evita que el Estado se 'coma' las autovías en quiebra

El Gobierno en funciones logra que el magistrado acepte una prórroga para dar más tiempo a que Fomento asuma la gestión de las radiales madrileñas de peaje R-3

JUAN CARLOS MARTÍNEZ

Madrid

03/10/2016 - 12:55h

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En el último minuto, sobre la bocina, el magistrado Francisco Javier Vaquer ha emitido un auto que evita la liquidación de las autovías madrileñas de peaje R-3 y R-5, en concurso de acreedores desde hace tres años.

En mayo pasado, el magistrado había dado un plazo de cinco meses, hasta el 1 de octubre, para que el Gobierno, los acreedores y los cuatro accionistas de la concesionaria Accesos de Madrid (Abertis, Sacyr, Globalvía y ACS) alcanzaran un acuerdo sobre la transmisión de los activos de las dos radiales a una sociedad estatal.

De lo contrario, se abriría la fase de liquidación y la posibilidad de que el Gobierno tuviera que hacer frente a la millonaria Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la compensación contemplada por el Estado para que la concesionaria indemnice a los acreedores.

El magistrado ya tenía decidido decretar el cierre de las dos autovías, pero finalmente el pasado viernes accedió a los requerimientos del Ministerio de Fomento –ahora dirigido en funciones por Rafael Catalá, titular también de Justicia–, y decidía otorgar la prórroga solicitada, confiando en la palabra del Gobierno de asumir la gestión de las dos carreteras.

La solicitud del Ministerio contemplaba la necesidad de pedir más tiempo para hacer un traspaso ordenado, tanto de los contratos como de los servicios. Aunque Fomento había solicitado una prórroga de 9 meses, hasta junio de 2017, el juez Vaquer deja abierto este extremo y remite a "un momento procesal" posterior la liquidación, sin más concreción.

La decisión tomada por el juez en mayo, de abrir la liquidación, tanto de Accesos de Madrid como de Ciralsa –concesioanria de la circunvalación de Alicante–, iba acompañada del rechazo del convenio que propuso Fomento para cerrar el proceso concursal. Pero esta decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial y, por tanto, la liquidación no será firme hasta que llegue ese fallo.