El sector turístico acorrala al gobierno canario para que legalice 50.000 apartamentos

El sector turístico acorrala al gobierno canario para que legalice 50.000 apartamentos

Los propietarios anuncian una ofensiva política, judicial y administrativa para "no perder la próxima campaña de invierno"

Ignasi Jorro

Barcelona

24/07/2015 - 23:30h

El gobierno canario ha prohibido alquilar a 50.000 viviendas

Casi en bloque. El sector turístico canario aprieta las clavijas al gobierno regional para que legalice 50.000 apartamentos turísticos que dejó en la ilegalidad en mayo. Los propietarios de las viviendas expondrán su caso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el 7 de septiembre. Antes, presentarán un recurso judicial e intensificarán una ofensiva política.

Las tres vías de acción las ha desgranado la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) el viernes en una comparecencia pública. "Hemos recibido el apoyo de casi todo el sector. Nunca antes había habido tanta unión", ha indicado a 02B Doris Borrego, su presidenta.

Al acto, que buscaba poner presión sobre el actual presidente, Fernando Clavijo (CC), han acudido representantes del Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife, la Federación de Autónomos de Canarias, la Asociación de Empresarios de Playa de las Américas y Costa Adeje, la Asociación de Empresarios de Adeje, la Asociación de Empresarios de Santiago del Teide, el Grupo de Inversiones Italiano, el alcalde de Santiago del Teide y de los partidos PP, UPyD, Ciudadanos, Podemos y ASG.

"Presión"

Los propietarios buscan una legalización exprés de las viviendas para no perder la próxima campaña de invierno. "El verano ya lo hemos perdido, pero el turismo en Canarias es fuerte también en invierno. Si no somos legales antes de final de año, será un desastre para todos", avisa Borrego.

Aunque el presidente regional ya se ha comprometido a enmendar el polémico decreto, no hay confianza. "El viernes nos hemos reunido con el ejecutivo canario y reiteran que nos legalizarán. Pero, por si acaso, les damos un toque de atención".

Hoteleros

Cabe recordar que el decreto 113/2015, que se aprobó el 22 de mayo, prohíbe el alquiler entre particulares en las zonas turísticas y rústicas del archipiélago. Con ello, acaba con una modalidad de alojamiento que eligen 1,3 millones de turistas cada año.

El gobierno canario, que antes de las autonómicas del 24 de mayo presidía Paulino Rivero, publicó la norma tras un proceso de consultas. No obstante, los artículos 3.1 y 3.2, y el régimen sancionador, el articulado que expulsa a las viviendas de la legalidad, no se pactó con el sector. Los propietarios lo atribuyen a la "presión de los hoteleros", que, según ellos, intentan "barrer a parte de la competencia".