España pide a Bruselas mantener la mano dura contra los retrasos

España pide a Bruselas mantener la mano dura contra los retrasos

Ana Pastor reclama a Bruselas que mantenga las compensaciones a los pasajeros

Redacción

Madrid

05/12/2013 - 21:13h

Cola en el aeropuerto de Barajas.
España ha mostrado a Bruselas su oposición a suavizar las sanciones a las líneas aéreas que presenten retrasos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, reclamó este jueves a la Unión Europea que se mantengan las compensaciones que deben pagar las aerolíneas a los pasajeros por retrasos de más de tres horas.

Bruselas estudia limitar las indemnizaciones para reducir el coste a las compañías. “Seguimos considerando que hay que castigar los retrasos y se está poniendo un límite que no es el mismo que nosotros queremos seguir manteniendo”, dijo Pastor a su llegada al Consejo de Transportes de la UE.

En la reunión, los ministros europeos debatieron la propuesta de reducir las compensaciones a los pasajeros con el propósito de aligerar la carga económica que este tipo de multas representan para las líneas aéreas. Pastor aseguró que hasta los tribunales han reconocido estos mecanismos como derechos básicos de los viajeros.
 
 
España quiere obligar a las líneas aéreas a diseñar planes de contigencia para trasladar a los pasajeros en caso de quiebra
 
Bruselas quiere aumentar el margen de retraso a partir del cual la línea aérea está obligada a pagar. Actualmente, una compañía que sufra un retraso mayor de tres horas debe asumir las indemnizaciones. La propuesta debatida eleva este tiempo de espera a cinco horas.

España también reclama que la norma obligue a las aerolíneas a disponer de planes de contingencia para llevar a sus pasajeros a su destino en caso de quiebra, con el objetivo de que no sean los Gobiernos los que tengan que hacerse cargo.

La ministra Ana Pastor, además, ha pedido a sus homólogos europeos que se mantengan las indemnizaciones por cancelación de vuelos de menos de 250 kilómetros, que Bruselas quiere suspender. De aprobarse la propuesta europea, quedarían desprotegidos los habitantes de las islas Baleares y Canarias que no cuentan con transporte alternativo, de acuerdo con los argumentos del Gobierno.