El copresidente de NH naufraga con sus inversiones en el ladrillo

En plena batalla por el control del grupo hotelero NH, su copresidente y representante a su vez de la cadena Hesperia, José Antonio Castro Sousa, libra también una contienda con el urbanismo vigués. A través de la sociedad Construcciones José Castro, el empresario participa en algunos de los desarrollos inmobiliarios más polémicos de la ciudad, como son el Barrio del Cura, la Finca do Conde y el Grupo de Empresas Álvarez. 

En las últimas semanas, los juzgados han asestado varios mazazos a sus intereses. El pasado mes de abril, el Juzgado de lo Mercantil 6 de Barcelona –donde tiene su sede Construcciones José Castro y varias de sus filiales– dictaba una sentencia favorable a los intereses de un antiguo socio, el Grupo Loureiro & Sanmartin, que obligó a Finca do Conde SA a incluir dos puntos en el orden del día de su próxima junta de accionistas para acatar dicho fallo.

No obstante, el Tribunal Supremo ya había asestado en 2006 el golpe de gracia al proyecto para levantar dos torres y un centro comercial –ya construidos– y otros cuatro edificios en la Finca do Conde, al declarar ilegales los inmuebles rematados. 

José Antonio Castro tendrá que desembolsar los 2.173.000 euros que la Audiencia condena a pagar a Naerema Group y José Castro SA

A vueltas con el urbanismo 

El alcalde, Abel Caballero, señaló recientemente que «no son legalizables». En el supuesto de que la empresa tenga que acometer el derribo, los 230 afectados deberán ser indemnizados con cerca de 300 millones de euros que saldrían de las arcas municipales, una idea que no chista en absoluto al regidor vigués, ya que achaca el problema a un «pelotazo» de su antecesora en el cargo, la popular Corina Porro.

Por lo de pronto, lo que sí que tendrá que desembolsar José Antonio Castro Sousa son los 2.173.000 euros a los que la Audiencia condena a pagar a Naerema Group y José Castro SA. Los ex empleados del Grupo de Empresas Álvarez cedieron a estas constructoras unos terrenos que habían obtenido en Cabral y Coruxo para que levantaran unas urbanizaciones que nunca se llegaron a construir.

Los antiguos trabajadores consiguieron esas tierras como parte del pago de los 60 millones de euros que les adeudaba la empresa. Esos terrenos, que abonaron como suelo industrial, fueron recalificados posteriormente en el Plan General de 2008 para uso residencial. Los afectados reclaman la diferencia del valor y eso es lo que acaba de reconocerles la Audiencia.   

En abril, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el Plan Especial aprobado en 2014, hiriendo de muerte un proyecto que llevaba años paralizado

Barrio del Cura 

En ese mismo año, en 2008, Castro Sousa adquirió al ex futbolista del Celta Valery Karpin un 50,1% de la sociedad propietaria de 20.000 metros cuadrados en pleno corazón de Vigo por un importe cercano a los 15 millones de euros. Con una inversión de 160 millones de euros, el proyecto del Barrio del Cura preveía levantar en la zona 400 viviendas de lujo, parques y plazas, que tendrían un valor en el mercado cercano a los 300 millones de euros. 

Sin embargo, el pasado mes de abril, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el Plan Especial aprobado en 2014, hiriendo de muerte un proyecto que llevaba años paralizado y que ya estaba tocado tras la anulación del Plan General vigués por parte del Tribunal Supremo. Eso sí, como recordó Caballero, el hecho de que esté paralizado no exime a sus propietarios de mantener en buen estado las propiedades.