Empleados insatisfechos, colegas de la hostelería y hasta los políticos, aunque él no lo sea en sentido estricto, todos, se comenta, le tenían ganas a Arturo Fernández. Y han sido unas denuncias, que está investigando la Fiscalía, en relación a supuestos pagos en negro, las que han puesto en el disparadero al todopoderoso vicepresidente de la CEOE y cabeza de la patronal en Madrid.
Hasta 2007, Fernández era un empresario de éxito en el ramo de la hostelería, con el grupo de empresas Cantoblanco que emplea a más de 3.500 trabajadores en 180 establecimientos. A partir de entonces, tras ser nombrado presidente de la patronal madrileña (CEIM), sustituyendo en el cargo a su concuñado Gerardo Díaz Ferrán –actualmente en prisión tras ser acusado de insolvencia punible, alzamiento de bienes y estafa– su proyección pública y empresarial creció de manera exponencial.
Catapultado, por su cargo en CEIM, al consejo de Caja Madrid, primero, y al de Bankia, después, y a la Cámara de Comercio de Madrid en 2010, sus negocios empezaron a florecer de manera notable. Prácticamente no había ni hay concesión de hostelería que se le resistiera. Raro era y es el organismo público en cuyos comedores y cafeterías no figure la marca de la casa, la imagen de un cazador apuntando con su escopeta, en recuerdo a los inicios de la empresa familiar fundada por su abuelo.
Ministerios, Ifema, el Congreso, la Asamblea de Madrid, las centrales sindicales, el Real Madrid o el Atlético, hospitales o cualquier evento puntual que se tercie, ya sean conciertos, acontecimiento deportivo o la Jornada Mundial de la Juventud, han contado y cuentan con los servicios de hostelería proporcionados por las empresas de Arturo Fernández a través de concesiones o de concursos licitados de manera urgente. Y él se amolda a todo. Lo mismo sirve un banquete a todo lujo que bocadillos de calamares o menús por menos de 10 euros.
Concesiones que han suscitado los recelos de otros empresarios del sector que le acusan de haber resultado adjudicatario de muchos de ellos por ser quien es y también por esa amistad recíproca que mantiene con la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, desde que hace décadas compartieran pupitre en el Colegio Británico. Algunos han insinuado que detrás de la presentación ahora de estas denuncias contra Fernández podrían estar algunas diferencias surgidas en el seno del PP, tanto a nivel nacional, como incluso dentro del regional, donde el actual presidente regional, Ignacio González, se ha quedado en una posición más que incómoda.
El último favor, antes de la dimisión de Aguirre, ha sido el de legalizar las bodas, banquetes y saraos varios que, hasta ahora, se organizaban sin licencia en decenas de fincas privadas situadas en espacios no urbanizables especialmente protegidos de la Comunidad de Madrid, donde este tipo de eventos supuestamente no estaban permitidos, y con los que, a partir de ahora, Fernández verá abierto otro nicho de negocio. En este caso, la queja de los otros empresarios del sector, proviene del hecho de que, en su calidad de presidente de la patronal madrileña, no informara del tema como era su obligación.
Al margen de los negocios, de su indisimulado apoyo a las políticas neoliberales de Aguirre y de su impertérrita afición a la caza, la campechanía de la que suele hacer gala le ha jugado alguna mala pasada recientemente, como cuando declaró como imputado en el caso Bankia el pasado diciembre. Declaración ante el juez Fernando Andreu en la que dejó algunas perlas dignas de recordar, como que él y otros consejeros aprobaron la reformulación de las cuentas “para quitarse el tema de encima lo más rápido posible”, reconociendo, además, que “si Deloitte dice que están bien las cuentas, no voy a leerlas”.
De las cuentas no tenía ni idea –ya lo había comentado antes en una entrevista televisiva. “Mire usté, yo no soy experto en banca, pero estoy en un banco, soy consejero de un banco”, le soltó a la periodista–, pero sí de percibir cada año, como consejero de la entidad, decenas de miles de euros en comisiones, dietas, aportaciones a planes de pensiones y demás gabelas.
