La carga justa

<em>La regulación de un lugar Patrimonio de la Humanidad sometido a presión no tiene que pasar necesariamente por el pago para ser más efectiva </em>

Albert Punsola

05/10/2011 - 20:15h

El debate sobre si el acceso al Parque Güell de Barcelona –una de las joyas de Gaudí y Patrimonio de la Humanidad- debe ser de pago vuelve de forma recurrente sin que llegue nunca a una resolución. Ello no se debe a la escasa capacidad de los agentes implicados, sino a la dificultad que comporta tomar decisiones sobre este parque por distintas razones.

Concebido como urbanización privada, la historia ha acabado convirtiéndolo en un espacio abierto a todos. La idea de romper esta condición es ingrata y, además, plantea problemas de aplicación práctica. Se habla de peaje sólo para los turistas y no para los vecinos. ¿Hasta dónde se extiende la vecindad? ¿Un vecino de un barrio distante de la ciudad armado con una cámara y un mapa es un turista?

Estos aspectos técnico-legales, aun siendo relevantes, no son el núcleo de la cuestión. El verdadero debate se juega en un terreno más amplio, que es el del turismo sostenible. Es de sentido común que, cuando una actividad turística se lleva a cabo de manera descontrolada y sin planificación, puede causar daños profundos tanto al medio natural como al cultural. Si esto sucede, la base principal de la que surge el atractivo de un lugar puede quedar mermada, por un período indeterminado o para siempre.

La sostenibilidad nos habla más de límites que de acciones positivas o negativas. El hecho de que un espacio sea visitado no es ni bueno ni malo, todo depende de cómo incidan las visitas en él. Una herramienta para poder establecer un diagnóstico en este campo es el concepto de capacidad de carga. Cualquier recurso, sea natural o cultural, admite un determinado nivel de uso que, una vez superado, desencadena un proceso de degradación. La capacidad de carga señala el umbral a partir del cual empezará el deterioro de la base de recursos.

La capacidad de carga turística es el nivel máximo de visitantes e infraestructuras que un lugar puede soportar, sin que se genere un impacto adverso sobre el medio, la sociedad y la cultura locales, que haga que el grado de satisfacción del visitante disminuya o desaparezca. El indicio más claro de que un impacto adverso está teniendo lugar debería reconocerse en la reducción del número de visitantes. Sin embargo, no tiene por qué ser así. De hecho, el mundo está lleno de tourist spots inmersos en un proceso de degradación, sin que hayan perdido su capacidad de atracción, a veces incluso al contrario.

La clave está en que la expresión “grado de satisfacción” es difícilmente medible. Para algunos, una aglomeración puede ser un obstáculo insalvable para apreciar los valores estéticos o espirituales de un lugar. Para otros será un aspecto secundario, una especie de peaje inevitable para poder disfrutar de una visita largamente esperada.

Dos alternativas


Llegados a este punto caben dos actitudes. Una consiste en optar por el relativismo y la inacción y la otra en contemplar el problema con mayor perspectiva y obrar en consecuencia. La segunda es sin duda la correcta. No hay mayor autoengaño que pensar que la demanda creciente de visitas justifica mantener el status quo. Del mismo modo, es un gran error interpretar la indiferencia de algunos visitantes respecto a la falta de calidad como una prueba de que la calidad existe realmente. Puede que la capacidad de carga turística plantee dificultades de objetivación –y esta es una de las tareas pendientes- pero hay una verdad de fondo: la degradación se activa a partir de cierto límite y los efectos negativos del proceso no se manifiestan de forma inmediata.

En este contexto, la regulación del acceso se impone como un instrumento que puede ser útil, siempre y cuando vaya acompañado de otras consideraciones. La conducta de las personas, ya sea en un bosque, un parque, o un museo, es tan importante como el nivel de frecuentación. Este aspecto se deja de lado demasiado a menudo. Se podrá hacer pagar 1 ó 10 euros a un turista que acceda al Parque Güell, pero si después se le permite montar sobre el dragón de la escalinata para la foto, como ahora sucede, la degradación continuará.

La regulación no tiene que pasar necesariamente por el pago para ser efectiva. En los últimos años he tenido la suerte de poder visitar el Museo Británico y el Hermitage. El primero es gratuito y el segundo no, pero, gracias al arte de la gestión, la gran galería británica permite una visita desahogada y tranquila. En cambio, en el museo ruso, las incontenidas masas humanas se acercan peligrosamente a las pinturas (la base de recursos) por pura presión.

La discusión sobre el peaje para acceder a determinados lugares está subsumida dentro de una trama con muchas otras variables que hay que armonizar. El hecho que la coyuntura económica reclame precipitadamente nuevas fuentes de ingresos es una de las variables, pero no la principal.

* Albert Punsola es periodista especializado en temas de sostenibilidad y propietario de la empresa cos12 Comunicació