Mas-Colell ha puesto la directa. Ha denunciado al Estado ante la CNMV, la Dirección de la Competencia europea y ante la responsable de ayudas de Estado de la Comisión Europea por políticas de establecimiento de monopolio en la red aeroportuaria española y por subvenciones directas a determinados aeropuertos en detrimento de otros. ¡Felicidades!
Hace tiempo –miren la hemeroteca– que reclamo que se envíe a Aena a los tribunales de la competencia. No entiendo cómo patronales o cámaras de comercio no han movido un dedo en esta vía jurídica. Al final ha tenido que ser la Generalitat, lo que me congratula, la que se ha lanzado. El caso español canta tanto que sólo la omertá entre las oligarquías económicas españolas y una cierta desidia europea explican que un caso tan evidente haya tenido que esperar a la actuación del caballero St Jordi Mas-Colell. Comparen cómo en el caso británico hace cinco años el Tribunal de la Competencia obligó a vender tres de los siete aeropuertos de la BAA (British Airports Authority) para que la situación de monopolio no fuese en contra de los intereses de pasajeros y compañías aéreas. Mientras España, propietaria de 46 aeropuertos en régimen de monopolio público, ahora pretende privatizarlos convirtiéndolos en monopolio privado. Situación horrorosa ya que un monopolio privado sin la presión de las instituciones parlamentarias y públicas no tiene ningún interés en mejorar en eficiencia y en servicios a los usuarios.
Si en Reino Unido de siete aeropuertos hicieron dos paquetes, imagínense en España, donde podrían salir hasta 15 paquetes de tres cada uno. O sencillamente que cada aeropuerto sea considerado una empresa que tiene que espabilarse para competir. Y así se acabarían los ridículos de aeropuertos como el de Castellón o el duplicado de Alicante.
El proceso de privatización español del 49%, para más desgracia, lo han iniciado con irregularidades en el precio inicial de las acciones y con la inconveniencia de la firma auditora. Los buitres que vuelan sobre este 49% son Banca March –sin comentarios–; Ferrovial, propietaria de Londres-Heathrow y protagonista en varios presuntos escándalos de corrupción como el caso Palau; y finalmente The Children’s Investment Found, que si hacemos caso de la red es una fundación destinada a la supervivencia infantil, con sede en Londres, Nairobi y Nueva Delhi, al frente de la cual está el señor Michael Anderson. Si se confirma esta función benéfica sería bueno que, como inversores, conocieran la impostura del Gobierno potenciando un monopolio irregular.
De hecho, Mas-Colell ha pedido a la Sra Elvira Rodríquez de la CNMV que informe a los inversores del riesgo potencial de acceder a una operación que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en el informe de julio tildaba de deficiente. Razones que los inversores internacionales –ya no hablo de los propios, March y Ferrovial, vinculados a la casta– deberían añadirse a la demanda ante los señores Alexander Italianer y Gert-Jan Koopman de la Comisión Europea, que insta a sus instituciones a investigar un seguro caso de subsidios cruzados, vulneración de la libre competencia y ayudas encubiertas de Estado para constituir un monopolio privado.
Este camino emprendido por Mas-Colell es el que a partir de ahora se irá multiplicando en todos los frentes. Contra la Brigada Aranzadi, la guerrilla Raimon de Penyafort.
