Bruselas investiga si el rescate a Alitalia fue ilegal

La UE pone la lupa sobre el rescate de Roma a Alitalia.

Bruselas investiga si el rescate a Alitalia fue ilegal

La Comisión Europea investiga si el rescate de 900 millones de Roma a Alitalia incumplieron las normativas europeas de ayudas a empresas

Equipo Cerodosbé

BARCELONA

23/04/2018 - 13:51h

La Comisión Europea investiga si el crédito de 900 millones de euros que el gobierno de Roma otorgó a Alitalia fueron ayudas de Estado ilegales. El organismo también busca saber si este rescate incumplió con la normativa europea para salvar a compañías en dificultades.

Estos créditos fueron otorgados en 2017 por el gobierno italiano para evitar la quiebra de la aerolínea, que se declaró insolvente.

El gobierno de Paolo Gentiloni aprobó en mayo un crédito de 600 milllones para garantizar sus operaciones. A esta cifra le sumaron otros 300 millones adicionales en octubre del año pasado.

"La Comisión Europea tiene el deber de asegurar que los créditos ofrecidos a las compañías por parte de los Estados miembros están en línea con las normas europeas sobre ayudas de Estado. Investigaremos si esto ocurre en el caso de Alitalia", afirmó la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager.

Saneamiento de la aerolínea

Tras la concesión del crédito Alitalia pasó a ser administrada por tres comisarios, que tienen la meta de sanear la empresa, reactivar su operatividad y buscar compradores para que la aerolínea siga con vida.

La Comisión Europea considera que más que créditos, Roma otorgó ayudas que incumplen con la normativa comunitaria

Estos administradores recibieron las ofertas de empresas que quieren comprar los activos de la compañía italiana. La que tiene más probabilidades de ganar la venta es Lufthansa, según había declarado el ministro italiano de Industria, Carlo Calenda.

Protestas ante el gobierno italiano

El ejecutivo comunitario recibió varias quejas sobre la posible legalidad de esta ayuda y su compatibilidad con las normas europeas.

Aunque todavía falta concluir la investigación, la postura de la CE es que el crédito en realidad fue una ayuda del Estado, ya que su duración -de mayo de 2017 a diciembre de 2018- supera el plazo máximo permitida por la legislación europea, según confirmó Bruselas en un comunicado.

La normativa europea señala que las intervenciones públicas a favor de empresas privadas no pueden considerarse como ayudas de Estado, siempre y cuando se realicen en condiciones de mercado y no otorguen al beneficiario una ventaja ante sus competidores.