Carlos Fabra dimite de la presidencia del Aeropuerto de Castellón

Primero le costó la presidencia de la Diputación de Castellón, ahora la de Aerocas, la firma que gestiona el Aeropuerto de Castellón. Carlos Fabra, a quien el presidente Mariano Rajoy llegó a definir como un “ciudadano ejemplar”, dimitió el viernes como máximo presidente de la entidad. Desde que entró como concejal en el Ayuntamiento de Castelló en 1987 probablemente sea la primera vez que deja de percibir un sueldo público.

La decisión la ha tomado pocas horas después de conocerse, el viernes por la mañana, que el juez Jacobo Pin (del juzgado de instrucción nº 3 de Nules) ha dictado un auto para abrirle juicio oral por el llamado Caso Naranjax. Se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

En sus primeras declaraciones, a Europa Press, ha asegurado que la decisión es “irrevocable”. Tras dar a conocer su decisión al presidente del Consell Alberto Fabra, el ya ex presidente de Aerocas ha asegurado a Europa Press que, a partir de ahora, se sentirá «más libre» y ya verá «por qué camino van» sus decisiones futuras.

Evitar la destitución

La decisión le evita al Consell tener que destituirlo, tal y cómo había reclamado con insistencia la oposición. Pocas horas antes de conocerse la noticia, el vicepresidente del Consell, José Císcar, había insinuado públicamente que, en su caso, abandonaría el cargo. Sin embargo, no descartó que finalmente tuviera que ser destituido.

Para la Generalitat, es la mejor de las soluciones. Alberto Fabra podrá seguir manteniendo que los altos cargos imputados deben abandonar el cargo, aunque la imputación data de diciembre de 2011. Sin embargo, ha sido incapaz de tomar él la decisión de prescindir de uno de sus mentores políticos.

De hecho, desde la Generalitat han calificado la decisión como «sensata» y le han agradecido el “gesto”. Las mismas fuentes han subrayado que la «línea roja» marcada por Alberto Fabra en casos de imputación es «muy clara» y han recalcado que «nunca antes» había habido «tanta contundencia con las imputaciones como ahora».

Inversores

El fiasco en la gestión del Aeropuerto de Castellón tampoco le ha pasado factura. A tres días de que la infraestructura cumpla su segundo aniversario, el balance es nefasto. No tendrá los permisos necesarios hasta el próximo mes de octubre, y para esa fecha habrá que ver si hay alguna empresa interesada en su gestión.

En enero de este año, Fabra anunció que un grupo de inversores hispano-libio estaba interesado en comprar el aeropuerto por 200 millones de euros. Un día más tarde, su sucesor en la Diputación de Castellón, Javier Moliner, desmintió la cifra y precisó que en realidad eran 87,5 millones (el resto sería inversión en la infraestructura).

Finalmente, el grupo hispano-libio fue incapaz de presentar el aval bancario que se le exigía aunque el plazo límite que se le dio para hacer se amplió en dos ocasiones. Entonces, Carlos Fabra añadió que había otros dos grupos interesados y la respuesta del Consell fue asumir la gestión de la infraestructura y dejar su cargo vacío de competencias. La tensión entre ambas instituciones, a través de declaraciones a la prensa, crecía día a día.

Denuncia de Conaer

A la lista de despropósitos hay que añadir la demanda de Conaer, la firma que consiguió la explotación del aeropuerto cuando salió a concurso y que aportó 80 millones para su construcción. La Generalitat rompió unilateralmente el acuerdo y el caso llegó a los tribunales. Pide 126 millones más IVA por los daños causados.

El contrato entre ambas empresas es un misterio. Compromís los solicitó el pasado día 17 de marzo, pero el Consell los negó. Alegó que, de hacerlo público, podría afectar al juicio.