Barcelona pone límites a las motos y bicis compartidas

El Ayuntamiento de Barcelona propondrá una nueva regulación para reorganizar el uso de vehículos de movilidad compartida, como las motos y bicicletas eléctricas. Ante la rápida expansión de estos servicios el consistorio incrementará los requisitos de las empresas que gestionan los alquileres de los rodados.

Tras una serie de reuniones con operadores de motosharing y bikesharing (o sea, alquiler de motos y bicicletas), el Ayuntamiento elabora un proyecto de ordenanza que tendrá que negociar en el pleno con las otras fuerzas políticas.

A grandes rasgos lo que busca la administración comunal es promover formas de movilidad sostenible pero minimizando sus impactos negativos, como el uso de los espacios públicos para aparcar los vehículos.

Habrá más rodados eléctricos de alquiler

El Ayuntamiento prevé limitar el número de rodados aparcados en las calles. El consistorio no cuenta todavía con una cifra máxima de vehículos autorizados, pero la herramienta para controlarlos será por medio del otorgamiento de licencias.

Cada empresa que preste servicios de alquiler pagará 71,51 euros por vehículo en concepto de uso del espacio público.

Muchos usuarios de alquiler de bicicletas ocupan todos los anclajes públicos.

Actualmente hay un parque de 1.500 bicicletas y 2.325 motos de alquiler en la ciudad, y según los cálculos de la administración, la organización por medio de licencias incrementará la disponibilidad a 2.550 bicicletas y 3.417 motos.

Obligaciones para las empresas de alquiler

Las licencias también implican una serie de obligaciones para las empresas prestadoras: los servicios de bicicletas tendrán que tener unidades mecánicas y eléctricas, y las de motos tendrán sólo podrán ser de este último tipo.

Las empresas que alquilen motos y bicicletas eléctricas pagarán más de 71 euros por cada vehículo

Además de cumplir con los criterios de seguridad, deberán estar dotadas de dispositivos de geolocalización para que se pueda comprobar su ubicación, y si hay un vehículo inoperativo o averiado, tiene que ser retirado de la vía pública en 24 horas.

Las empresas tienen que informar en tiempo real el uso de los vehículos para que el consistorio pueda conocer el grado de ocupación de las calles.

Los puntos negros de la movilidad compartida

El Ayuntamiento exige que las bicicletas tengan sistemas para asegurar las unidades, y estas deben aparcarse en los anclajes habilitados.

Este es uno de los puntos más complejos de negociar, porque muchos usuarios suelen encadenar los rodados en árboles, bancos o señales de tránsito. O ni siquiera lo aseguran, lo dejan sin trabas en medio de una acera.

Por otra parte, en puntos que son nodos de intercambio de transporte público o con alta presión turística es cada vez más difícil encontrar anclajes disponibles, y los usuarios de bicicletas particulares se encuentran que todos están ocupados por unidades del bikesharing.

Para evitar este problema la propuesta de regulación contempla que en estos puntos más conflictivos haya espacios reservados para usuarios particulares, que estarán señalizados en color lila.

Perfil de los usuarios

Actualmente hay seis empresas de alquiler de bicicletas y motos en la ciudad. La mayoría de los usuarios de estos servicios son hombres, de 26 a 35 años, no suelen ser propietarios de coches privados y prefieren el transporte multimodal: bicicleta, a pie o en transporte público. Si usan un vehículo compartido es para traslados puntuales.

La movilidad compartida, para el Ayuntamiento, ayuda a reducir el parque de coches privados en la ciudad, rebajar los niveles de contaminación e impulsar el uso de vehículos eléctricos, además de dar alas a otros tipos de transporte.