Detenida una mujer por amenazar en nombre de Al Qaeda a varios aeropuertos

Realizó llamadas telefónicas a Barcelona y Granada y a estaciones de tren. Se le imputan 1.083 delitos contra la seguridad colectiva.

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de El Prat de Llobregat (Barcelona) que presuntamente cometió más de mil delitos con teléfonos móviles de tarjetas falseadas, entre ellos llamadas a puertos y estaciones de tren para dar avisos de bomba en nombre de Al Qaeda e injurias en Internet y medios de difusión.
      

 
La operación Llamaya ha supuesto la detención de otras nueve personas y la imputación de cinco

 
Según ha informado este miércoles el cuerpo policial, la operación ‘Llamaya’ ha supuesto la detención de otras nueve personas y la imputación de cinco, propietarios de una decena de locutorios que activaban las tarjetas de telefonía de prepago a nombre de personas a quienes se les había usurpado la identidad y falseaban los contratos de adquisición con las operadores.

La detenida autora de las llamadas, de nacionalidad española, arrestada en tres ocasiones e imputada varias veces durante la investigación, cometió 1.083 delitos contra la seguridad colectiva como llamadas para dar falsos avisos de bomba, acusaciones y denuncias falsas, injurias a través de medios de difusión e Internet y simulaciones de delitos.

Hizo llamadas dando falsos avisos al aeropuerto de Barcelona-El Prat, Granada, las estaciones de trenes de Barcelona- França y Barcelona-Sants, las estaciones de autobuses de Granada y de Guadix, los ayuntamientos de Granada y de Almuñécar, el servicio de emergencias 112 en Andalucía, y servicios de emergencia de la Guardia Civil de Barcelona.

La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona lleva investigando a esta mujer desde finales de 2012, al constatar numerosos delitos contra la seguridad colectiva que presuntamente habían sido cometidos por una misma persona.

A los otros nueve detenidos y cinco imputados, responsables de los locutorios, de nacionalidad pakistaní y marroquí, les atribuyen los delitos de usurpación de estado civil y falsificación de documento mercantil, por simular contratos de telefonía a partir de tarjetas de telefonía con identidades suplantadas que aportaba la mujer.

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