El fiasco de Spanair acaba sin responsables políticos

CiU, ERC y PSC bloquearán el viernes la asunción de responsabilidades políticas por el caso Spanair, aerolínea en la que las instituciones públicas inyectaron al menos 180 millones de euros antes de que entrara en concurso de acreedores el 28 de enero de 2012.  

La comisión de investigación del sobre Spanair en el Parlamento catalán votará este viernes unas conclusiones en las que, previsiblemente, no se exigirán responsabilidades políticas a los gobiernos que nutrieron a la aerolínea con dinero público desde que la sociedad Femcat la adquiriera en 2008.

«Parece que una mayoría de grupos bloqueará la asunción de responsabilidades, de igual forma en que durante el desarrollo de la comisión se ha impedido la comparecencia de los exalcaldes de Barcelona y de la Generalitat», ha señalado Matías Alonso, diputado de Ciutadans y presidente de la comisión.

División

De los seis grupos que participan en la grupo de trabajo, sólo la mitad (Partido Popular, ICV-EUiA y Ciutadans) propondrá un dictamen en el que se exigen responsabilidades a los ejecutivos que sostuvieron financieramente a Spanair.  El resto, CiU, PSC y ERC, justifican la actuación de las administraciones.

Lo hacen con un denominador común: el dinero público vertido en 2009-2011 era para un proyecto «consistente«, cuya voluntad era convertir el aeropuerto de El Prat en un «hub» de vuelos internacionales.

Por su parte, PP y Ciutadans atacarán la viabilidad «dudosa» de la aerolínea, que, según los populares, respondía a criterios «políticos e ideológicos» más que empresariales.

Dos vías

Cabe recordar que la Comisión de Investigación sobre la desaparición de Spanair es la lupa política sobre el desplome de la operadora, que suspendió pagos en 2012 con un pasivo de 571,8 millones de euros. Sus activos están valorados en apenas 50 millones. Además, se deben sumar otros 72 millones en créditos, que incluyen los costes procesales.

Dos meses antes del inicio de los trabajos de la comisión, el juzgado de instrucción número 10 de Barcelona condenó al consejo de administración de la aerolínea por «retraso culpable» en la presentación del concurso de acreedores.

El fallo, que los afectados han recurrido, lleva aparejada una multa de 10,8 millones de euros y la inhabilitación de importantes empresarios catalanes, como Ferran Soriano o Jordi Bagó, y de instituciones como Fira de Barcelona, Avançsa, Catalana d’Iniciatives e Inversions Turístiques i Comercials.

a.
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